La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a Salvador Camargo Vivero, exdirector de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Tampico, con presuntos actos de huachicol, en un nuevo golpe contra la red de robo y tráfico ilegal de combustible en México. La investigación forma parte de una serie de operativos dirigidos a desmantelar estructuras de corrupción dentro de la administración portuaria y del transporte de hidrocarburos.
De acuerdo con autoridades, Camargo Vivero habría participado, directa o indirectamente, en la facilitación de operaciones ilícitas relacionadas con el robo de combustible y su distribución en distintas regiones del país. Su vinculación se suma a la de otros funcionarios de alto nivel previamente detenidos o investigados, evidenciando posibles redes de complicidad dentro de la administración pública.
El exvicealmirante enfrenta actualmente procesos legales que podrían derivar en sanciones severas, incluyendo prisión y pérdida de derechos civiles, de comprobarse su participación en estos actos ilícitos. La FGR continúa recopilando pruebas y testimonios que fortalezcan la investigación y garanticen el debido proceso.
El caso ha generado gran atención mediática, dada la relevancia de Camargo Vivero dentro del sistema portuario nacional y su historial en la Armada de México. Expertos en seguridad señalan que estos vínculos reflejan la complejidad de combatir el huachicol, que involucra tanto a criminales organizados como a funcionarios que podrían facilitar las operaciones ilegales.
Por su parte, las autoridades han reiterado su compromiso de investigar a fondo
cada caso y asegurar que ningún funcionario involucrado quede impune.
Además, se busca implementar medidas más estrictas de control y super visión dentro de las instalaciones portuarias para prevenir la participación de personal en delitos de robo de combustible. Con esta investigación, se refuerza la estrategia del gobierno mexicano de combatir el huachicol desde todas las aristas posibles, enviando un mensaje claro sobre la tolerancia cero hacia la corrupción y el crimen organizado dentro de instituciones estratégicas del país.