El Congreso de Perú aprobó este jueves la destitución de la presidenta Dina
Boluarte, en medio de una creciente crisis política y social agravada por los
altos índices de inseguridad que afectan al país. La decisión fue respaldada por
87 votos a favor, 27 en contra y 6 abstenciones, superando el mínimo requerido
para su remoción del cargo.
El proceso fue promovido por diversas bancadas opositoras, que acusaron a
Boluarte de “incapacidad moral” para ejercer la presidencia debido al aumento
de la violencia y a las denuncias de presunta corrupción dentro de su gabinete.
La sesión del Congreso se prolongó por más de cinco horas y estuvo marcada
por tensos intercambios entre legisladores oficialistas y opositores.
Tras conocerse el resultado, Boluarte abandonó el Palacio de Gobierno
escoltada por efectivos de seguridad. Horas más tarde, la exmandataria publicó
un mensaje en redes sociales en el que calificó la decisión como un “golpe
político” y aseguró que tomará las acciones legales correspondientes ante el
Tribunal Constitucional.
De acuerdo con la Constitución peruana, el presidente del Congreso, Alejandro
Soto, asumió de manera inmediata la presidencia interina de la República,
mientras se define un eventual proceso electoral anticipado.
Analistas locales señalan que la destitución de Boluarte profundiza la
inestabilidad que vive el país desde 2018, cuando comenzó una serie de crisis
institucionales que han derivado en la caída de seis presidentes. Además,
diversos sectores sociales han convocado movilizaciones en Lima y otras
regiones del país, tanto en respaldo a la exmandataria como para exigir un
nuevo rumbo político.
Organismos internacionales, entre ellos la OEA y la ONU, expresaron su
preocupación por la situación en Perú y llamaron a mantener la calma y el
respeto al orden democrático. Por su parte, varios gobiernos de la región han
pedido garantizar los derechos ciudadanos y evitar el uso excesivo de la fuerza
en las protestas.
La destitución de Dina Boluarte marca un nuevo capítulo en la convulsa historia
política reciente del país andino, donde la gobernabilidad continúa siendo un
desafío constante.