La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el dinero pagado por una
empresa minera, tras llegar a un acuerdo con la ministra presidenta de la
Suprema Corte, Norma Piña, será destinado directamente a las comunidades
afectadas. Una frase que suena bien en el discurso… pero que muchos ya
escucharon antes.
Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que el recurso forma parte de un
acuerdo entre el Poder Judicial y la empresa involucrada, tras años de litigio
por daños ambientales y conflictos con pobladores. Según la mandataria, “no
habrá intermediarios” y el dinero “se usará para proyectos sociales, educativos
y de salud”.
El anuncio generó expectativa, pero también desconfianza. En redes sociales,
varios usuarios recordaron que los recursos provenientes de acuerdos judiciales
muchas veces se pierden en el camino o terminan en manos de funcionarios que
confunden “apoyo social” con “autobono”.
“Si de verdad llega a las comunidades, será histórico; si no, será jueves”, ironizó
un comentarista político en X.
El gobierno federal afirma que supervisará la aplicación del dinero junto con
autoridades locales y representantes comunitarios. Sin embargo, hasta el
momento no se ha revelado el monto exacto ni el nombre de la minera, lo que
alimenta la sospecha de que el caso podría quedarse en buenas intenciones.
El episodio también exhibe la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, ya
que el acuerdo fue gestionado por la Suprema Corte y no por el gobierno federal.
Pese a ello, Sheinbaum insistió en que lo importante “es que los beneficios
lleguen a quienes más los necesitan”.
Por ahora, las comunidades esperan ver si el dinero realmente baja del discurso
al territorio. Porque en México, entre el “ya se pagó” y el “ya llegó”, suelen
perderse algunos millones.