La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue liberada este jueves tras
pasar más de cuatro años en prisión preventiva, acusada de delitos
relacionados con el presunto golpe de Estado de 2019. Su salida del penal de
Miraflores, en La Paz, se produjo después de que un tribunal boliviano le
concediera libertad condicional bajo supervisión judicial.
Áñez, quien asumió la presidencia en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo
Morales, enfrentaba procesos por sedición, conspiración y resoluciones
contrarias a la Constitución. Durante su encarcelamiento, su defensa denunció
violaciones al debido proceso y calificó el caso como una persecución política
orquestada por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Según el fallo judicial, la exmandataria deberá presentarse periódicamente ante
la justicia, no podrá salir del país y tendrá restricción para participar en
actividades políticas. La medida fue celebrada por sus simpatizantes, quienes la
recibieron con flores y consignas de apoyo a las afueras del penal.
“Fui injustamente encarcelada por defender la democracia. Hoy recupero mi
libertad, pero no descansaré hasta que se haga justicia por todos los bolivianos
perseguidos”, declaró Áñez visiblemente emocionada ante los medios.
El gobierno de Luis Arce, por su parte, señaló que respetará la decisión judicial,
aunque reiteró que los hechos de 2019 “no deben quedar impunes”. Diversas
organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, habían
pedido en repetidas ocasiones una revisión imparcial de su caso, argumentando
exceso de prisión preventiva y condiciones precarias de salud.
La liberación de Áñez reabre el debate sobre la polarización política en Bolivia y
el papel de la justicia en casos con fuerte carga ideológica. Analistas señalan
que su salida podría tener implicaciones políticas de cara a las elecciones de
2025, en las que el MAS busca mantenerse en el poder.
Por ahora, Áñez recupera su libertad en un país donde las heridas de 2019 aún
no terminan de sanar.