La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una investigación para
determinar por qué fue abatido el presunto asesino de Carlos Manzo, luego de
que ya se encontraba sometido y bajo control policial. El caso ha generado
controversia y dudas sobre un posible uso excesivo de la fuerza por parte de los
agentes involucrados.
De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso, identificado como José
“N”, habría participado en el atentado en el que fue asesinado el dirigente
político Manzo. Tras un operativo de búsqueda, elementos estatales lograron
ubicarlo en una vivienda de Lázaro Cárdenas, donde, según el parte oficial,
“opuso resistencia y fue neutralizado”.
Sin embargo, videos filtrados en redes sociales muestran al detenido ya
reducido en el suelo, lo que abrió sospechas sobre si su muerte fue
consecuencia de una ejecución extrajudicial. Ante la presión pública, la FGE
informó que la Unidad Especializada en el Uso de la Fuerza revisará el protocolo
de actuación y citará a los policías involucrados para declarar.
La gobernadora Alfredo Ramírez Bedolla instruyó una investigación “sin
encubrimientos” y afirmó que ningún abuso de autoridad será tolerado. En tanto,
familiares de Manzo pidieron que se llegue al fondo del caso, argumentando que
la muerte del agresor impide conocer quién ordenó el crimen.
Organizaciones civiles de derechos humanos han solicitado que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervenga para garantizar
transparencia en las indagatorias.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la actuación policial en
Michoacán, una entidad donde los operativos de seguridad suelen moverse en
una delgada línea entre la fuerza legítima y la impunidad.