“En Bangladés la justicia despertó… aunque algunos dirán que solo abrió un
ojo. La ex primera ministra Sheikh Hasina fue condenada por la represión de
disturbios en 2024. Sí, la misma que gobernó más de una década y medio país
creía intocable.”
La política de Bangladés dio un giro inesperado este martes cuando un tribunal
especial declaró culpable a la ex primera ministra Sheikh Hasina por su
participación en la represión de protestas estudiantiles ocurridas en 2024. Los
disturbios, que comenzaron como manifestaciones por inconformidades
educativas y económicas, terminaron en enfrentamientos con saldo de muertos,
heridos y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno.
De acuerdo con el fallo, Hasina —quien gobernó el país durante un largo periodo
y fue una de las figuras políticas más poderosas del sur de Asia— tuvo
responsabilidad directa en las órdenes que permitieron el despliegue represivo
contra manifestantes. La sentencia, que incluye varios años de prisión y
restricciones políticas, marca un hecho sin precedentes para una líder a la que
durante mucho tiempo se consideró políticamente intocable.
Organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión judicial,
asegurando que el país finalmente reconoce los abusos cometidos bajo su
administración. “Es un mensaje claro de que los crímenes de Estado no quedan
impunes”, señaló un activista que llevaba años exigiendo justicia para las
víctimas de los disturbios.
Sin embargo, los seguidores de Hasina calificaron la sentencia como una
“persecución política” y afirmaron que el proceso estuvo motivado por intereses
partidistas. Exfuncionarios de su gobierno aseguraron que las decisiones
tomadas en 2024 respondieron a una crisis nacional que requería control, no
represión.
La sociedad bangladesí permanece dividida. Algunos ven la condena como el
inicio de una nueva etapa democrática; otros temen que la sentencia agrave
tensiones internas y genere nuevos episodios de inestabilidad. Lo que nadie
niega es que el caso Hasina se convirtió en un símbolo del choque entre poder,
rendición de cuentas y memoria histórica.
Mientras tanto, las víctimas y sus familias observan el proceso con cautela.
Después de años de marchas, reclamos y silencio institucional, la condena
representa un paso, no el final. Y Bangladés, un país acostumbrado a navegar
entre crisis políticas, vuelve a preguntarse si esta vez la justicia realmente
llegó… o solo pasó a saludar.