“El magisterio es la base que sostiene el aprendizaje, impulsa el desarrollo y
acompaña la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes. El Estado tiene la
obligación de corresponder a esa entrega con justicia, respeto y condiciones de
certeza”, afirmó la diputada federal de Morena, Mirna Rubio Sánchez.
Con esa convicción, la legisladora presentó una iniciativa para adicionar el Artículo
115 Bis a la Ley General de Educación, con el propósito de reconocer en la
legislación el principio de presunción de inocencia como garantía esencial en favor
del personal docente en cualquier procedimiento administrativo o señalamiento, de
manera que ninguna maestra, maestro o trabajador de la educación sea tratado
como responsable sin una investigación previa, objetiva y sustentada en
evidencias.
Rubio Sánchez destacó que la vigencia plena de la presunción de inocencia
contribuye a fortalecer la protección del interés superior de la niñez, puesto que
obliga a las instituciones a actuar con rigor, profesionalismo y objetividad,
diferenciando con claridad los señalamientos infundados de los hechos que
realmente requieren intervención. Este equilibrio, afirmó, es indispensable para
preservar la confianza de las comunidades educativas y asegurar que la respuesta
del Estado sea proporcional, responsable y sustentada en hechos verificables.
La diputada explicó que diversos trabajadores de la educación han enfrentado
procedimientos caracterizados por falta de claridad, ausencia de oportunidad para
exponer su versión o decisiones adoptadas sin una valoración completa de los
hechos. Estas situaciones, señaló, generan incertidumbre laboral y afectan la
estabilidad de las escuelas, por lo que se vuelve necesario establecer un marco
normativo que garantice procesos justos y que asegure que las autoridades
educativas actúen con imparcialidad y apego a la legalidad.
“Ninguna persona puede ser considerada culpable sin pruebas. Ninguna
acusación puede suplir una investigación responsable. Enseñar no debe
convertirse en un riesgo, ni un señalamiento sin sustento debe vulnerar la
trayectoria de quienes dedican su vida a educar. Defender a quienes educan es
defender la educación misma”, expresó.
La iniciativa precisa que toda autoridad educativa deberá respetar de manera
estricta el principio de presunción de inocencia, garantizar el debido proceso y
conducir sus actuaciones con legalidad, imparcialidad y razonabilidad, asegurando
simultáneamente la protección y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Este
equilibrio, subrayó la diputada, es fundamental para sostener la confianza de
estudiantes, familias y personal educativo en las instituciones responsables de la
formación de las nuevas generaciones.
Rubio Sánchez reiteró que legislar en favor del magisterio no es un acto simbólico,
sino un ejercicio de responsabilidad institucional: “La educación solo puede
prosperar cuando las y los docentes cuentan con respeto, estabilidad y certeza, y
cuando la niñez es protegida mediante procedimientos justos y decisiones
fundamentadas en la verdad”.
Con esta propuesta, la diputada federal reafirma su compromiso de impulsar
acciones legislativas firmes, sensibles y orientadas a fortalecer la educación
mediante docentes protegidos, instituciones confiables y una niñez
plenamente resguardada.