La controversia volvió a encenderse en el escenario político luego de que la
presidenta Claudia Sheinbaum revelara que un grupo de productores obtuvo
ganancias por 300 millones de pesos mediante la venta de agua a diversos
municipios. La declaración, hecha durante una conferencia matutina, desató
una tormenta de críticas, especialmente por la frase que lanzó con firmeza: “No
a los privilegios”.
La mandataria explicó que estos productores, ubicados principalmente en zonas
donde el agua es escasa y altamente demandada, contaban con permisos y
concesiones que les permitían comercializar el recurso. Sin embargo, el
volumen vendido y las utilidades generadas encendieron las alarmas dentro del
gobierno federal, que acusa que este tipo de prácticas, aunque legales,
profundizan las desigualdades y generan “asimetrías injustificables”.
De acuerdo con los datos presentados, los productores vendieron agua a
municipios que enfrentaban problemas de abasto, cobrando tarifas superiores a
las usuales. Para la presidenta, este modelo de negocio coloca a la necesidad
básica de miles de familias como un mecanismo para la acumulación privada.
“El agua no debe ser una herramienta para enriquecerse. Es un derecho”,
afirmó.
Las reacciones no tardaron en llegar. Sectores cercanos a los productores
defendieron sus operaciones, asegurando que han actuado bajo la ley y que, en
muchos casos, han sido ellos quienes han evitado crisis mayores de
abastecimiento. “Sin ellos, varios municipios se hubieran quedado sin agua por
completo”, señalaron representantes de asociaciones agrícolas.
En redes sociales, la discusión estalló. Algunos usuarios respaldaron a
Sheinbaum, celebrando la denuncia pública y pidiendo reformas que limiten la
privatización del agua. Otros, sin embargo, acusaron al gobierno de criminalizar
a quienes han invertido en infraestructura hídrica durante décadas.
Especialistas en recursos hídricos explicaron que México enfrenta un escenario
cada vez más crítico en materia de agua, donde la falta de inversión pública y la
gestión irregular de concesiones han abierto espacio para modelos privados de
distribución. “El problema no es que vendan agua, sino que el Estado ha fallado
en garantizarla”, señalaron.
A pesar de la polémica, Sheinbaum reafirmó que su administración impulsará
cambios para asegurar una distribución equitativa del recurso, dejando claro
que los tiempos de “negocios con lo público” tienen los días contados.