El Congreso de Hidalgo aprobó la desaparición del ITAIH, el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información del estado. La decisión fue presentada
como una medida de simplificación administrativa y ahorro de recursos, aunque
para muchos suena más a un capítulo conocido: cuando la transparencia
estorba, se recorta.
El ITAIH tenía la función de garantizar el derecho ciudadano a saber, vigilar el
cumplimiento de la ley en materia de acceso a la información y proteger datos
personales. No era perfecto, pero sí incómodo. Y en política, lo incómodo suele
ser lo primero en la lista de sacrificios.
Desde el Congreso, el argumento principal fue la eliminación de duplicidades y
la reconfiguración institucional. En teoría, las funciones del organismo serían
absorbidas por otras instancias. En la práctica, surge la duda inevitable: ¿quién
vigilará a los vigilantes?
Organizaciones civiles y especialistas en transparencia advirtieron que la
desaparición del ITAIH representa un retroceso. Sin un órgano autónomo, el
acceso a la información corre el riesgo de depender del humor político y no de
la ley. Y cuando eso ocurre, el ciudadano siempre pierde.
Los defensores de la medida aseguran que no se trata de ocultar información,
sino de hacer más eficiente al gobierno. El problema es que la historia reciente
demuestra que menos contrapesos rara vez se traduce en más claridad.
Hidalgo se suma así a una tendencia nacional donde los organismos autónomos
son vistos como obstáculos y no como garantías democráticas. La narrativa es
seductora: menos gasto, menos estructura, menos papeleo. La consecuencia,
menos visible: menos rendición de cuentas.
La desaparición del ITAIH no es solo un ajuste administrativo. Es un mensaje
político. Uno que obliga a preguntar si la transparencia sigue siendo prioridad…
o si se volvió prescindible.
Porque cuando se apaga una institución que vigila, la opacidad suele encontrar
terreno fértil.