Manuel Velasco salió a defender lo indefendible, o al menos lo incómodo: la
llamada “Ley Esposa” en San Luis Potosí y la postulación de Ruth González. Con
un discurso que apela a la legalidad más que a la percepción pública, el senador
aseguró que no hay irregularidades, aunque el debate ya está más que
encendido.
La polémica gira en torno a las reformas que permitirían la postulación de Ruth
González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, en un contexto donde los
vínculos familiares y el poder político suelen despertar sospechas inmediatas.
Para muchos críticos, el caso representa un ejemplo claro de nepotismo
maquillado de legalidad; para sus defensores, simplemente se trata de ejercer
derechos políticos dentro del marco de la ley.
Velasco fue tajante: la ley no prohíbe la postulación y, por tanto, no existe falta
alguna. El problema, sin embargo, no parece estar solo en lo que la ley permite,
sino en lo que la ciudadanía percibe. Y ahí es donde el discurso legalista suele
chocar con el hartazgo social hacia las dinastías políticas.
La llamada “Ley Esposa” se convirtió rápidamente en un término viral, cargado
de ironía y crítica. En redes sociales, el nombre resume el malestar de quienes
consideran que las reglas se ajustan para beneficiar a unos cuantos, mientras el
discurso oficial insiste en que todo es perfectamente legal.
Velasco, experimentado en el arte político, intentó apagar el incendio apelando
a la institucionalidad. Aseguró que las decisiones se toman conforme a derecho
y que la trayectoria de Ruth González es suficiente para justificar su
postulación. No obstante, la discusión va más allá de currículos y artículos
legales.
En un país donde la desconfianza hacia la clase política es alta, los vínculos
familiares pesan más que los argumentos técnicos. La legalidad no siempre
alcanza para convencer cuando la ética entra en juego.
La defensa está hecha, la ley citada y la candidatura en marcha. Ahora, el juicio
no solo será jurídico, sino social. Y ese, muchas veces, resulta mucho más
severo.