El abuso sexual no siempre ocurre en la oscuridad de un callejón. A veces
sucede en casas, escuelas, oficinas y espacios donde se supone que hay
confianza. Sin embargo, el Congreso decidió que esa discusión puede esperar.
La reforma en materia de abuso sexual será analizada hasta 2026, según lo
planteado en la Cámara de Diputados, una decisión que dice mucho sin
necesidad de discursos largos.
El dictamen propone algo que, en teoría, debería ser obvio: el abuso sexual
puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado. Aclararlo
legalmente no es un detalle menor, pues muchas lagunas jurídicas han
permitido minimizar, invisibilizar o incluso justificar agresiones cometidas en
espacios “íntimos”. Aun así, la urgencia social no fue suficiente para acelerar el
proceso legislativo.
La iniciativa busca fortalecer el marco legal para que las víctimas cuenten con
mayor protección y claridad jurídica al denunciar. Reconocer que el hogar, la
escuela o el trabajo también pueden ser escenarios de violencia sexual es un
paso necesario, especialmente en un país donde las cifras de agresiones siguen
siendo alarmantes y la denuncia continúa siendo una carrera cuesta arriba.
No obstante, el calendario legislativo impuso su propia lógica. Entre prioridades
políticas, tiempos parlamentarios y agendas cruzadas, el debate se postergó. La
ironía es evidente: mientras la violencia no descansa, la ley sí puede darse el
lujo de esperar dos años más.
Diputadas y diputados que respaldan la propuesta aseguran que el análisis será
profundo y responsable. Pero para las víctimas, el tiempo no se mide en
legislaturas, sino en justicia. Cada día sin una legislación clara es un día más de
incertidumbre y vulnerabilidad.
El aplazamiento de la discusión no cancela la reforma, pero sí envía un mensaje
ambiguo. Reconocer un problema y dejarlo en pausa no siempre es neutral; a
veces es una forma elegante de evadirlo.
Porque el abuso no distingue entre lo público y lo privado…
y tampoco entiende de calendarios políticos.