En un capítulo que fácilmente podría titularse “La Corte que jamás olvidó los
fideicomisos”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este
lunes validar el decreto que eliminó 109 fideicomisos y fondos públicos, al
considerar que no se invadieron competencias de los estados ni se violó el
pacto federal.
Sí, así como suena: lo que inició en noviembre de 2020 como una medida
promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador —que
eliminó fondos para todo, desde desastres naturales hasta medio ambiente,
ciencia y cine— acaba de recibir el sello de aprobación legal más alto de
México.
¿De qué estamos hablando?
Los 109 fideicomisos extinguieron recursos que tradicionalmente se manejaban
a través de esquemas financieros “especiales” para áreas clave del desarrollo
social y económico. Su desaparición, impulsada por iniciativa del Ejecutivo y
luego aprobada por el Congreso, fue muy controversial desde el principio.
Diferentes gobiernos estatales (de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas,
Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Michoacán) argumentaron que esa
eliminación afectaba sus facultades constitucionales y representaba una
invasión a su autonomía financiera y capacidades operativas.
Sin embargo, la SCJN declaró que esas críticas no lograron demostrar una
afectación real y concreta a alguna competencia estatal establecida en la
Constitución. En consecuencia, rechazó las controversias y confirmó que la
decisión se limitó a modificar la forma en que se organizan los recursos
públicos, sin “pisar” facultades de las entidades federativas.
¿Y qué dijo la Corte?
El ministro ponente explicó que los fideicomisos son instrumentos auxiliares del
Ejecutivo Federal, y que su desaparición no vulnera el esquema de federalismo
ni genera subordinación o dependencia indebida. En otras palabras:
Los estados siguen con libertad para decidir su destino en áreas como medio
ambiente, protección civil, ciencia y tecnología, aunque los fondos específicos
desaparecieron.
Además, la SCJN lanzó un dardo indirecto a la gestión anterior del propio
tribunal por haber dejado archivadas estas controversias durante años sin
resolverlas.
¿Por qué importa?
Esta validación es más que un triunfo jurídico: es un mensaje político y
presupuestario. La eliminación de esos fideicomisos ha sido uno de los ejes de
la política de austeridad del gobierno federal, y con esta decisión, los recursos
que alguna vez fluyeron bajo reglas específicas ahora pueden canalizarse
mediante mecanismos distintos, más flexibles o directos.
Claro, también deja abierta una conversación: ¿se ganó en eficiencia, o se
perdió en transparencia?