Miguel Díaz-Canel no se anduvo con rodeos. El presidente de Cuba calificó como
“fascista, criminal y genocida” la nueva medida arancelaria de Estados Unidos
contra el suministro de petróleo a la isla. No fue un exabrupto retórico, sino una
reacción directa a una política que, según el gobierno cubano, busca asfixiar a
la población bajo el disfraz de presión económica.
La medida estadounidense apunta a sancionar a los países que suministren
crudo a Cuba, cerrando aún más el cerco energético. En la práctica, esto
significa menos combustible para electricidad, transporte y servicios básicos.
Para La Habana, el mensaje es claro: no se trata de democracia ni de derechos
humanos, sino de castigo colectivo.
Díaz-Canel sostuvo que la decisión evidencia la “naturaleza fascista, criminal y
genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo
estadounidense con fines puramente personales”. El lenguaje es fuerte, pero el
contexto lo explica. Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas en
décadas, con apagones prolongados, escasez y migración masiva. Quitarle
petróleo no cambia al gobierno; complica la vida diaria.
Desde Washington, la narrativa insiste en que la presión económica es una
herramienta legítima para forzar cambios políticos. Sin embargo, la historia
demuestra que estas medidas rara vez producen transiciones democráticas. Lo
que sí producen es deterioro social y tensión diplomática.
La respuesta cubana también busca apoyo internacional. Al elevar el tono, La
Habana intenta colocar el debate en el terreno humanitario, no ideológico.
Porque cuando falta energía, la discusión deja de ser política y se vuelve
supervivencia.
Estados Unidos aprieta, Cuba resiste y el conflicto se repite con guion
conocido. Décadas después, el bloqueo sigue siendo protagonista, aunque sus
resultados sigan siendo los mismos.