En Estados Unidos, la justicia fue directa y sin rodeos: cinco años de prisión
para Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, por delitos relacionados con el
narcotráfico. La sentencia confirma algo que ya es costumbre: los casos más
sonados del crimen organizado mexicano terminan resolviéndose al otro lado de
la frontera.
“El Mini Lic”, hijo de Dámaso López Núñez —exoperador clave del Cártel de
Sinaloa—, se convirtió en una pieza valiosa para las autoridades
estadounidenses tras su captura y posterior cooperación. Su información ayudó
a armar casos, señalar estructuras y llenar expedientes. El resultado: una
condena relativamente corta a cambio de datos estratégicos.
Cinco años pueden parecer poco para alguien vinculado a una de las
organizaciones criminales más poderosas del continente. Pero en el sistema
judicial estadounidense, colaborar reduce penas. Aquí, la justicia es negocio:
información a cambio de tiempo.
El caso vuelve a exhibir el contraste entre ambos países. Mientras en Estados
Unidos se procesan, sentencian y encarcelan, en México los procesos suelen
diluirse entre amparos, fugas y expedientes inconclusos. La justicia llega, sí,
pero con acento extranjero.
“El Mini Lic” cumple su condena, pero el daño permanece. Las víctimas no
figuran en el acuerdo, ni en la sentencia. El mensaje es claro: el sistema castiga
al delincuente útil, no necesariamente al más violento.
Cinco años después, López Serrano saldrá con una nueva identidad, protección
y un capítulo cerrado. Para México, el expediente sigue abierto. Y la pregunta
es la misma de siempre: ¿por qué la justicia parece cruzar la frontera más fácil
que aquí?