En Chihuahua, la tecnología falló… o alguien olvidó cargarla. César Duarte,
exgobernador del estado y acusado de lavado de dinero, simplemente no
aparece, aunque —paradójicamente— sigue portando el brazalete electrónico
que debía permitir a las autoridades ubicarlo en tiempo real.
El problema, según explicó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia,
Marcela Herrera, es tan simple como alarmante: el brazalete no tiene pila. Y sin
energía, no hay señal, no hay ubicación y, por supuesto, no hay exgobernador.
La revelación generó una oleada de críticas, burlas y cuestionamientos sobre la
efectividad de las medidas cautelares impuestas a uno de los políticos más
polémicos del país. Porque si el dispositivo está, pero no funciona, la vigilancia
se convierte en una mera formalidad administrativa.
Duarte, señalado por el presunto desvío de recursos públicos y operaciones con
recursos de procedencia ilícita, debía permanecer localizable mientras enfrenta
su proceso judicial. Sin embargo, la falta de monitoreo efectivo ha dejado a las
autoridades prácticamente a ciegas, dependiendo más de la buena fe que de la
tecnología.
Marcela Herrera precisó que, aunque el exmandatario no se ha desprendido del
brazalete, el hecho de que esté descargado impide cualquier tipo de rastreo. Un
detalle técnico que, en un caso de esta magnitud, resulta todo menos menor.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate: ¿las medidas
cautelares en México son instrumentos reales de control o simples trámites que
se cumplen de forma simbólica? En un sistema donde la impunidad suele
adelantarse a la justicia, la respuesta parece repetirse.
Mientras tanto, el exgobernador permanece fuera del radar, y el brazalete —ese
símbolo moderno de vigilancia judicial— queda reducido a un accesorio
inservible. Porque, al final, la justicia también necesita batería… y alguien
olvidó conectarla.

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