Nómina internacional y padrinos criminales: el Tequila que se bebió el alcalde

En Tequila, Jalisco, el problema no era solo administrativo, era criminal. El
alcalde Diego Rivera Navarro quedó bajo el reflector luego de que una regidora
del ayuntamiento lo acusara de tener en la nómina municipal a personas
extranjeras —incluidos colombianos— y a individuos presuntamente vinculados
al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La denuncia no se quedó en irregularidades menores. Según la regidora, el edil
contaba con “padrinos del crimen organizado” y utilizaba a elementos de
Seguridad Pública municipal para protegerlos, borrando cualquier frontera entre
autoridad y delincuencia.
De acuerdo con el señalamiento, estas personas no solo cobraban del erario,
sino que también gozaban de protección institucional. Un esquema que, de
confirmarse, convertiría al ayuntamiento en algo más parecido a una oficina de
enlace criminal que a un gobierno local.
La presencia de personas extranjeras en la nómina pública abre además otro
frente: posibles violaciones a la ley laboral, migratoria y de seguridad nacional.
Pero el señalamiento más grave es el vínculo directo con el CJNG, una de las
organizaciones criminales más violentas del país.
La regidora denunciante aseguró que sus advertencias fueron ignoradas durante
meses, hasta que decidió hacerlo público ante el riesgo que representaba para
el municipio. En un territorio donde el nombre “Tequila” debería evocar tradición
y turismo, la narrativa oficial ahora se mezcla con miedo y sospecha.
Hasta el momento, el alcalde Diego Rivera Navarro no ha ofrecido una
explicación clara sobre las acusaciones. El silencio, en este contexto, no
ayuda. Porque cuando se gobierna entre sombras, la duda se convierte en
certeza colectiva.
El caso vuelve a exhibir un problema estructural: cuando el crimen organizado
no se infiltra, se sienta a la mesa. Y en Tequila, según la denuncia, no solo tenía
asiento… también cobraba quincena.