La madrugada de este jueves 12 de enero volvió a encenderse el conflicto por el
control de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo.
Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron al
complejo industrial para ejecutar una orden judicial de restitución, mientras
corporaciones de seguridad de Hidalgo resguardaban el perímetro.
El operativo no pasó desapercibido. Desde las 4:30 de la mañana, pobladores de
Jasso —hoy llamada Ciudad Cooperativa Cruz Azul— reportaron presencia de
patrullas, unidades oficiales y personal armado. También hubo disparos.
De acuerdo con testimonios de habitantes, el poblado fue sitiado y los accesos
bloqueados. En el despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional, la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y policías municipales de Tula,
Atitalaquia y Tlaxcoapan. Sin embargo, hasta el momento no existe un reporte
oficial sobre personas lesionadas o fallecidas. Vecinos aseguran que hubo
heridos e incluso posibles decesos, pero ninguna autoridad de Hidalgo o del
Estado de México lo ha confirmado.
Las personas que se encontraban dentro de la planta fueron detenidas y
estarían bajo custodia de la Fiscalía mexiquense, que tampoco ha emitido un
informe detallado sobre el saldo del operativo.
El trasfondo es una disputa interna que lleva años. La cooperativa está dividida
en dos grupos desde 2020, tras la salida de Guillermo “Billy” Álvarez. Por un
lado, el bloque encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel; por el otro, el
grupo liderado por Federico Sarabia Pozo, detenido el pasado 31 de agosto por
la Fiscalía General de la República.
Hasta esta intervención, la facción de Sarabia mantenía la posesión del
inmueble. Sus integrantes acusan que el ingreso fue ilegal y violento, pues
aseguran contar con amparos que impedían la participación de fuerzas
federales y otras corporaciones.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que la
diligencia fue ejecutada por su homóloga del Estado de México “en acato a lo
ordenado por un juez”, y que las autoridades hidalguenses solo brindaron
seguridad perimetral. La policía estatal también señaló que actuó por
“requerimiento de apoyo”.
La planta permanece fuera de operación desde el 17 de agosto de 2022, cuando
se suspendió el suministro eléctrico. Antes del conflicto, tenía capacidad para
producir hasta 12 mil toneladas diarias de cemento.
La violencia no es nueva. En abril de 2022, un enfrentamiento entre ambos
grupos dejó ocho personas muertas. Desde entonces, la pugna ha alternado
entre tribunales y episodios de fuerza.
Una diligencia ministerial de restitución implica devolver la posesión de un
inmueble a quien un juez reconoce como legítimo titular. No es un cateo, sino la
ejecución de una resolución judicial. Sin embargo, en el caso de Cruz Azul, cada
intento de toma ha elevado la tensión social.
Hoy, la planta cambia nuevamente de manos.
Pero el conflicto, lejos de terminar, parece entrar en otro capítulo.