Lo que comenzó como un operativo contra el comercio irregular terminó en
denuncia penal. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega,
reportó haber sido agredida físicamente durante un enfrentamiento con
comerciantes en la demarcación.
Sí, el operativo escaló más rápido que el discurso oficial.
De acuerdo con la mandataria local, los hechos ocurrieron mientras supervisaba
acciones para liberar espacios públicos ocupados por vendedores. En medio del
intercambio verbal, la situación se tornó violenta y, según su versión, recibió
una agresión directa.
Tras el incidente, acudió a presentar la denuncia correspondiente ante las
autoridades. La alcaldesa afirmó que no permitirá que la intimidación frene las
acciones de su administración en materia de ordenamiento urbano.
El episodio vuelve a poner bajo reflector el conflicto permanente entre
autoridades y comerciantes informales en la capital del país. Por un lado, la
exigencia vecinal de recuperar espacios públicos; por otro, la defensa del
derecho al trabajo de quienes dependen del comercio en vía pública.
La línea es delgada… y suele romperse en el punto más tenso.
El enfrentamiento también abre cuestionamientos sobre los protocolos de
seguridad en operativos y el acompañamiento institucional cuando se trata de
figuras públicas.
Mientras tanto, la narrativa política no se hizo esperar: simpatizantes
denunciaron violencia contra la autoridad; críticos acusaron exceso en la
aplicación de operativos.
Lo cierto es que el conflicto ya dejó de ser administrativo y se convirtió en
judicial.
En una ciudad donde cada calle es territorio disputado, el orden público rara vez
se impone sin resistencia.
Y esta vez, la confrontación terminó con denuncia formal y un mensaje claro: el
pulso entre comercio informal y autoridad sigue más vivo que nunca.