Cuando los tribunales se llenan de demandas, las empresas suelen hacer
cuentas. Y esta vez, la cuenta es millonaria. Bayer anunció un nuevo acuerdo
multimillonario para zanjar litigios relacionados con su polémico herbicida
Roundup.
El producto, cuyo ingrediente activo es el glifosato, ha sido objeto de miles de
demandas en Estados Unidos. Los demandantes sostienen que la exposición
prolongada al herbicida provocó casos de cáncer, particularmente linfoma no
Hodgkin. La empresa, por su parte, ha mantenido que el producto es seguro
cuando se usa conforme a las indicaciones.
Desde que Bayer adquirió Monsanto en 2018 —empresa que originalmente
desarrolló el Roundup—, heredó también una tormenta legal que no ha dejado de
crecer. Lo que parecía una compra estratégica se convirtió en una batalla
judicial de alto costo.
Con este nuevo pacto, la compañía busca reducir la incertidumbre financiera y
cerrar capítulos legales que han afectado su valor en bolsa y su reputación
global. No es el primer acuerdo, pero sí uno más en una larga lista de intentos
por contener la sangría judicial.
El mensaje corporativo es claro: estabilidad y previsibilidad. El mensaje público,
en cambio, sigue dividido. Mientras algunos ven el acuerdo como un
reconocimiento implícito de riesgos, otros lo interpretan simplemente como una
estrategia pragmática para evitar juicios prolongados.
Roundup continúa siendo uno de los herbicidas más utilizados en el mundo, y el
debate científico y regulatorio sobre el glifosato permanece abierto en distintos
países.
Lo cierto es que, más allá de la discusión técnica, el costo económico ya es una
realidad tangible. Bayer apuesta a que pagar ahora sea más barato que seguir
litigando por años.
En el mundo corporativo, a veces la paz también tiene precio. Y este,
claramente, no es pequeño.