El agua no olvida. Y la política tampoco. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó
un mensaje directo a Grupo México: es momento de liquidar el adeudo
pendiente por el histórico derrame en el río Sonora.
El desastre ambiental, considerado uno de los más graves en la historia minera
del país, dejó afectaciones en comunidades, ecosistemas y en la confianza
pública. Aunque han pasado años desde el incidente, las cuentas —según el
gobierno— no están completamente saldadas.
Sheinbaum fue clara: la empresa debe cumplir con sus obligaciones y garantizar
que las reparaciones pendientes se concreten. No se trata solo de cifras en un
expediente, sino de impactos reales en poblaciones que aún arrastran
consecuencias.
El derrame liberó miles de metros cúbicos de sustancias tóxicas en ríos que
abastecen a comunidades del estado de Sonora. Hubo afectaciones
económicas, daños a la salud y un golpe profundo a la actividad agrícola y
ganadera de la región.
Grupo México, por su parte, ha sostenido en distintas ocasiones que ha
cumplido con medidas de remediación y compensación. Sin embargo, la presión
política vuelve a colocar el tema en el centro de la conversación nacional.
La exigencia presidencial no es menor. Marca un tono firme frente a grandes
corporativos y envía una señal sobre responsabilidad ambiental. Porque si algo
dejó claro el derrame es que las consecuencias ecológicas no se evaporan con
el tiempo.
Más allá del debate legal, la discusión toca una fibra sensible: ¿puede una
empresa compensar realmente un daño ambiental de esta magnitud? ¿Y quién
determina cuándo la deuda moral y económica está pagada?
El mensaje es contundente: el expediente no está cerrado.
Entre balances financieros y ríos contaminados, la historia del río Sonora vuelve
a fluir… esta vez, en el terreno político.