Cuando el patrimonio cultural mexicano aparece en una subasta internacional,
la reacción oficial ya es casi automática. Esta vez, la secretaria de Cultura,
Claudia Curiel de Icaza, exigió públicamente la suspensión de la subasta
presencial “Les Empires de Lumière”, programada en la casa Millon, en París.
El evento, previsto para el 27 de febrero, incluye piezas que el gobierno
mexicano considera parte de su patrimonio cultural. Y ahí es donde comienza la
tensión diplomática.
A través de redes sociales, la funcionaria apeló a la ética y al respeto por la
herencia histórica de los pueblos. El mensaje fue directo: detener la oferta y
venta de objetos que, desde la perspectiva mexicana, no deberían estar en el
mercado.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respaldó la postura,
recordando que muchos de estos bienes poseen valor histórico y simbólico que
trasciende cualquier etiqueta de precio. Para México, no son “lotes”, son
identidad.
La discusión no es nueva. En los últimos años, el gobierno ha intensificado su
postura contra subastas internacionales de piezas arqueológicas y objetos
históricos. La narrativa es clara: el patrimonio no se vende.
Del otro lado, las casas de subastas suelen argumentar que operan bajo marcos
legales internacionales y que las piezas provienen de colecciones privadas.
El choque, entonces, no es solo jurídico, sino moral. ¿Quién tiene la última
palabra sobre objetos con siglos de historia?
Mientras París se prepara para levantar el martillo, México insiste en que la
memoria cultural no debería ponerse en vitrina.
Y una vez más, el patrimonio se convierte en debate global.
