El nombramiento de Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría
Superior de la Federación ha reavivado una polémica relacionada con
investigaciones periodísticas publicadas en 2025.
En octubre de ese año, la revista Proceso difundió el reportaje titulado “El
Cártel de las auditorías”, donde se señalaba la existencia de presuntas
irregularidades dentro del órgano encargado de fiscalizar el gasto público.
El trabajo periodístico mencionaba una denuncia que vinculaba a Hernández
con la realización de auditorías presuntamente “a modo”, que habrían sido
utilizadas para negociar con gobiernos estatales.
De acuerdo con la investigación, algunas revisiones al gasto público habrían
sido empleadas como herramienta de presión política o negociación.
La Auditoría Superior de la Federación es el organismo encargado de revisar el
uso de recursos federales por parte de instituciones y gobiernos locales.
Por ello, cualquier cuestionamiento sobre la imparcialidad de sus auditorías
genera preocupación en el ámbito político.
Hasta ahora, el nuevo titular no ha respondido públicamente a los
señalamientos contenidos en la investigación.
El caso pone nuevamente sobre la mesa un debate recurrente en México:
¿quién vigila a los que se encargan de vigilar?