La reforma judicial sigue generando debate político en México, y ahora una
nueva posibilidad comienza a tomar fuerza dentro del gobierno federal:
posponer algunos de sus componentes clave.
La presidenta Claudia Sheinbaum analiza un “plan B” que contemplaría aplazar
la elección judicial y la consulta de revocación de mandato hasta el año 2028.
La propuesta surge en medio de discusiones sobre la viabilidad política y
operativa de implementar ambos procesos en los plazos originalmente
previstos.
La elección judicial, una de las piezas centrales de la reforma, plantea que los
ciudadanos voten directamente por jueces, magistrados y ministros del Poder
Judicial. Sus promotores argumentan que el mecanismo permitiría democratizar
el sistema de justicia.
Sin embargo, críticos han advertido sobre los retos técnicos, presupuestales y
políticos que implicaría organizar un proceso electoral de esta magnitud.
En ese contexto, la posibilidad de postergar su implementación ha comenzado a
discutirse dentro del gobierno y en círculos legislativos.
La eventual decisión también podría impactar la figura de la revocación de
mandato, mecanismo que permite a los ciudadanos votar para decidir si un
gobernante debe permanecer en el cargo antes de concluir su periodo.
La opción de mover ambos procesos hasta 2028 abriría una ventana para
redefinir reglas, logística electoral y consensos políticos.
Hasta el momento no se ha tomado una decisión definitiva, pero el simple hecho
de que se analice el aplazamiento refleja la complejidad de una reforma que ha
generado fuertes posiciones a favor y en contra.
En política, a veces los cambios no se cancelan… solo se posponen
estratégicamente.