En México, los derechos humanos son intocables… salvo cuando se trata del
uso del dinero público. Ahí, al parecer, todo es más flexible. Y el más reciente
caso que salpica a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo lo
deja bastante claro: ahora resulta que hasta los extrabajadores siguen
“viajando”… pero en papel.
Una denuncia formal presentada ante el Órgano Interno de Control del
organismo señala presuntas irregularidades en el manejo de viáticos. ¿La joya
del caso? El uso del nombre de un extrabajador para justificar gastos en viajes
que, según él mismo afirma, jamás realizó. Porque claro, nada dice
“transparencia” como mandar de gira a alguien que ya no trabaja ahí.
El denunciante, identificado como L.R.B., asegura que su relación laboral con la
Comisión terminó en octubre de 2022. Sin embargo, documentos oficiales lo
ubican participando en comisiones a distintos estados del país meses después.
Sí, como una especie de funcionario fantasma… pero con viáticos muy reales.
Según su testimonio, no solo no realizó esos viajes, sino que tampoco solicitó ni
recibió recursos. Lo que deja una posibilidad bastante incómoda: alguien habría
utilizado su nombre —y posiblemente su firma— para justificar la salida de
dinero público. Un detalle menor… si ignoramos que podría tratarse de desvío
de recursos y simulación de actos jurídicos.
El caso no viene solo de dichos. El señalamiento se respalda en información del
Instituto de Transparencia de Hidalgo, donde aparecen listados diversos
servidores públicos en comisiones oficiales, incluyendo al propio denunciante.
Destinos como Querétaro, Oaxaca o Ciudad de México, con el clásico menú
institucional: foros, congresos y capacitaciones. Ya sabes, donde se habla
mucho de derechos… mientras aparentemente se olvidan otros.
Entre los nombres también figura la propia presidenta del organismo, Ana Karen
Parra Bonilla, junto a otros funcionarios. Lo que convierte el caso en algo más
que un simple “error administrativo”.
Porque aquí la ironía es brutal: la institución encargada de defender derechos
podría estar involucrada en prácticas que vulneran, al menos, el derecho básico
a la legalidad y al uso correcto de datos personales.
Y mientras se investiga, o se simula que se investiga, la pregunta queda en el
aire:
¿Quién vigila a los que se supone que deben vigilar?
Porque en Hidalgo, al parecer, los viajes no siempre necesitan maletas…
solo papeles bien llenados.