*Es indispensable atender la seguridad vial desde la ingeniería, arquitectura, economía, política y sociología
Mineral de la Reforma, Hidalgo. – El incremento de accidentes viales exige que las dependencias
gubernamentales implementen políticas públicas integrales para garantizar la seguridad de las
personas, señaló Raúl López Domínguez, docente del Área Académica de Ingeniería y Arquitectura
del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH).
El experto Garza comentó que la falta de acciones preventivas y el diseño inadecuado de la
infraestructura urbana aumentan los riesgos, especialmente para mujeres embarazadas, personas
adultas mayores y con discapacidad. Por ello, es indispensable enfrentar esta situación desde las
áreas de ingeniería civil, tránsito y transporte, arquitectura, economía, política, antropología y
sociología.
Para alcanzar este objetivo, apuntó que se requiere realizar análisis completos de los elementos
que intervienen en la circulación, como peatones, conductores, vehículos, caminos, medio
ambiente, condiciones físicas, sitios concurridos y actividades comerciales o habitacionales. Esta
información permitirá orientar las decisiones y establecer prioridades de acuerdo a las demandas
de quienes usan estos espacios.
Bajo esta premisa, el investigador destacó la importancia de estudiar el comportamiento de los
usuarios mediante encuestas y estudios de traslados para identificar rutas, gastos, tiempos,
frecuencia, tránsito y accidentes. Subrayó que las autoridades gubernamentales deben emplear
dichos indicadores para diseñar políticas y asegurarse de que se cumplan.
Dicha información permitiría implementar infraestructura y equipamiento urbano como
semáforos, señalización, intersecciones seguras, pasos peatonales, puentes y nuevas vías en
determinadas zonas para salvaguardar la integridad de la población. Por ejemplo, en áreas
cercanas a hospitales, sería pertinente la instalación de dispositivos de control vehicular y rampas
de acceso.
Para que estas medidas sean efectivas, la participación de la sociedad es fundamental, tanto para
solicitar como para evaluar propuestas. Además, los profesionales deben contar con las
herramientas y conocimientos idóneos para dar solución a estas problemáticas y contribuir a un
cambio que asegure el bienestar de todas y todos.

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