Lo que parecía un caso sólido de corrupción terminó desmoronándose por algo
tan “simple” como una mala traducción. El juez encargado del proceso contra
Alexandro Rovirosa canceló el caso en Houston, Texas.
¿La razón? Falta de pruebas… derivada de errores en la traducción del español
al inglés en mensajes clave.
Rovirosa había sido señalado por presuntamente sobornar a funcionarios de
Petróleos Mexicanos para obtener contratos millonarios. Sin embargo, la
evidencia central perdió fuerza al no ser correctamente interpretada.
El fallo no solo implica su liberación, sino que deja en evidencia una fragilidad
preocupante en procesos judiciales internacionales: un idioma mal traducido
puede cambiarlo todo.
En la misma causa aparece Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien permanece
prófugo. Es decir, uno libre… y otro desaparecido.
El caso abre más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que una
investigación de este calibre dependa de una traducción deficiente? ¿Y cuántos
casos más podrían estar en riesgo por errores similares?
Al final, la justicia no solo debe ser ciega… también debería ser precisa. Porque
aquí, una mala interpretación terminó valiendo millones.

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