La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, atraviesa uno de los momentos más
visibles —y también más contrastantes— de su administración. Mientras suma
reconocimiento internacional, en casa y en la relación con Estados Unidos enfrenta
decisiones que generan preguntas.
Por segundo año consecutivo, la mandataria fue incluida en la lista de las 100 personas más
influyentes del mundo de la revista TIME en 2026. Un logro que no es menor. Aparecer en
esa selección implica algo más que popularidad: es un reconocimiento a su peso político
global.
Sheinbaum fue destacada en la categoría de líderes, donde se valoró su manejo diplomático
en un contexto internacional cada vez más tenso, así como su nivel de aprobación dentro de
México. En otras palabras, mientras muchos gobiernos navegan en crisis, ella ha logrado
mantener estabilidad… al menos en la narrativa internacional.
Pero no todo es aplauso. La política, como siempre, tiene dos caras.
Ese mismo día, la presidenta presentó a un grupo de científicas y científicos que tendrán la
tarea de evaluar si México puede —y debe— explotar gas no convencional. El equipo
incluye especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México
y el Instituto Politécnico Nacional.
La misión no es sencilla. En dos meses deberán entregar una primera evaluación sobre un
tema que toca fibras sensibles: la soberanía energética frente a los riesgos ambientales.
Sheinbaum apuesta por una decisión basada en evidencia. Su discurso es claro: no se trata
de explotar recursos a cualquier costo, sino de entender primero las implicaciones. Suena
bien en teoría… pero en la práctica, el debate promete ser intenso.
Porque hablar de gas no convencional en México es entrar a terreno minado: desarrollo
económico contra impacto ambiental, independencia energética contra sostenibilidad. Un
equilibrio que ningún gobierno ha logrado resolver sin críticas.
Y mientras en el frente interno se discuten recursos y ciencia, en el externo la situación es
aún más delicada.
El gobierno mexicano ha enviado notas diplomáticas a Estados Unidos por la muerte de 15
connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas. Sin
embargo, las respuestas no han llegado.
La propia Sheinbaum reconoció que Washington no ha dado “respuestas puntuales” a los
casos. Un silencio que, más que diplomático, resulta incómodo.
Lo más llamativo es otro detalle: la presidenta admitió que no ha abordado directamente
este tema en sus conversaciones con Donald Trump.
Sí, el tema existe. Sí, preocupa. Pero no se ha puesto sobre la mesa en el más alto nivel.
En cambio, se han tratado asuntos generales sobre derechos de mexicanos en el exterior y
desacuerdos con operativos migratorios. Una estrategia que podría interpretarse como
prudencia diplomática… o como evasión, dependiendo del punto de vista.
Aquí es donde el contraste se vuelve evidente.
Por un lado, una presidenta reconocida globalmente, incluida en listas de poder y
respaldada por su popularidad. Por otro, temas sensibles —como la migración y la
seguridad de mexicanos en el extranjero— que siguen sin resolverse con claridad.
Sheinbaum camina en una línea delgada: proyectar liderazgo internacional sin perder
control de los asuntos internos y bilaterales.
La pregunta no es si tiene presencia global. Eso ya quedó claro.
La verdadera duda es si ese reconocimiento se traducirá en decisiones firmes cuando más se
necesitan.