Sobre la Regularización de Asentamientos Humanos y Defensa de los Derechos
de los Colonos
Con motivo de la reunión celebrada el 22 de abril a las 18:00 horas con la
Subsecretaria de Desarrollo Político, C. Bertha Miranda Rodríguez, se hace
público el presente posicionamiento derivado de la problemática que enfrentan
miles de familias asentadas en una zona ejidal que actualmente se encuentra
en más del 95% habitada y urbanizada.
Se expuso que existen obstáculos estructurales para la regularización
derivados de intereses políticos, económicos y mecanismos de control que han
impedido dar certeza jurídica a los posesionarios.
Se denunció que:
Se cobran cantidades excesivas por constancias de posesión, llegando en
algunos casos hasta 80 mil pesos.
Existen cuotas y aportaciones impuestas a colonos bajo esquemas de presión.
Se han impuesto contratos con inconsistencias que afectan derechos de los
ciudadanos.
Se han generado dilaciones que prolongan artificialmente los procesos de
regularización.
Persisten actos que podrían constituir abusos en perjuicio del interés social.
Se hizo del conocimiento que la participación organizada de la representación
social resulta indispensable para evitar simulaciones, engaños o negociaciones
contrarias a los intereses de los colonos.
Por lo anterior se solicita formalmente la intervención y seguimiento de:
Instituto Nacional del Suelo Sustentable
Registro Agrario Nacional
Gobierno del Estado de Hidalgo
Autoridades municipales competentes
Instancias agrarias y de control que correspondan
EXIGENCIAS
PRIMERA. Se instale una mesa formal de seguimiento para la regularización de
los asentamientos humanos.
SEGUNDA. Se revisen cobros, prácticas y actos que puedan constituir abusos o
afectaciones patrimoniales contra los colonos.
TERCERA. Se analice la viabilidad jurídica de avanzar hacia mecanismos que
permitan otorgar certeza jurídica a las familias posesionarias.
CUARTA. Se reconozca la representación social organizada como parte legítima
en las mesas de negociación y seguimiento.
QUINTA. Se detengan prácticas dilatorias que durante años han impedido
soluciones de fondo.
Esta causa no persigue intereses particulares.
Busca defender a miles de familias que tienen derecho a seguridad patrimonial,
certeza jurídica y acceso a procesos transparentes.
Se advierte que, de no existir avances institucionales, se ejercerán acciones
sociales, jurídicas y de presión pública dentro del marco legal para la defensa
de los derechos colectivos.
Atentamente,
Juan Carlos Bolaños González