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¡VERGONZOSA REYERTA ENTRE SENADORAS DE HGO!
POR LA REDACCIÓN
PACHUCA, HGO., 24 DE JULIO DE 2026
La tribuna del Senado se ha transformado en un mercado de culpas donde la seguridad de Hidalgo se vende al mejor postor electoral. Mientras las senadoras Carolina Viggiano y Simey Olvera intercambian acusaciones, encubrimiento y complicidades históricas, el estado continúa atrapado en la dolorosa realidad de las tomas clandestinas y la violencia. El debate actual sobre el «huachicol fiscal» y la delincuencia organizada no busca diagnósticos ni soluciones estructurales; es un frío cálculo político diseñado para sacar raja y llevar “agua al molino” de sus respectivas aspiraciones por la gubernatura. Para la clase política, el hidrocarburo robado es un argumento discursivo; para los hidalguenses, es una realidad que cuesta vidas, destruye comunidades y propaga el miedo en las calles.
Reducir una crisis delictiva tan profunda a una simple pelea de partidos es una total falta de respeto a la ciudadanía. El discurso que culpa únicamente al «pasado priista» ignora las omisiones y los vacíos de la estrategia federal actual; de la misma forma, las denuncias opositoras sobre fraudes multimillonarios carecen de peso si no se acompañan de propuestas reales de pacificación para la entidad. La persistencia del huachicol en zonas críticas como el Valle de Tulancingo o Tula no se va a resolver ganando un debate de micrófonos. Mientras la discusión siga enfocada en ver quién limpia su imagen ensuciando la de la otra, la delincuencia seguirá ganando terreno frente a un estado que urge soluciones, no candidatos en campaña.
El fondo del problema es estructural y va más allá de las siglas partidistas. El robo de combustible en Hidalgo no es una novedad electoral, sino un cáncer social arraigado que se alimenta de la falta de oportunidades económicas, la complicidad institucional y una red financiera que opera en la impunidad. Cuando las aspirantes se limitan a lanzar cifras estridentes a la opinión pública, minimizan los delitos de alto impacto que este fenómeno arrastra consigo: homicidios, extorsión y el reclutamiento forzado de jóvenes. Tratar el sufrimiento de las comunidades hidalguenses como un simple botín discursivo demuestra una preocupante desconexión con la realidad de las familias que diariamente conviven con el peligro.
El Hidalgo de hoy ya no es el de antes; la ciudadanía ha despertado y posee una memoria histórica que la clase política insiste en subestimar. Los hidalguenses conocen perfectamente el origen de sus males; saben qué complicidades del pasado permitieron el arraigo del huachicol y entienden las deficiencias del presente que mantienen al estado bajo el yugo de la inseguridad. Continuar con el intercambio de acusaciones trilladas en la tribuna no es solo una pérdida de tiempo, sino un insulto a la inteligencia de un electorado que ya no se conforma con el papel de espectador en un circo de culpas mutuas. Las senadoras deben entender que señalar el lodo en el patio ajeno no limpia las debilidades del propio.
La candidatura al gobierno del estado no se va a ganar demostrando quién es el menos culpable, sino quién tiene la capacidad real de pacificar a Hidalgo. Si Carolina Viggiano y Simey Olvera aspiran genuinamente a gobernar, la urgencia social las obliga a transitar del ataque estridente a la propuesta técnica y viable. La población ya no busca jueces de micrófono; exige liderazgos con planes concretos sobre cómo desmantelar las redes delictivas, cómo rescatar el tejido social en las comunidades afectadas y cómo blindar la seguridad de las familias hidalguenses. Quien pretenda cosechar votos sembrando solo descalificaciones, se encontrará con un muro de indiferencia ciudadana; porque en un Hidalgo que ya abrió los ojos, la retórica ya no alcanza para tapar el miedo.