Hidalgo

Alejandro Mariel Díaz, exdirector general del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH) y Víctor Manuel Ortiz López, el exdirector de Finanzas y Administración, fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados de manera temporal, esto por hacer mal uso de los recursos del programa de pensiones para adultos mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH), a estos exfuncionarios se les atribuye la acción de peculado, esto por haber utilizado recursos del erario público de manera ilegal, violando así lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 93.

Alejandro Mariel Díaz es señalado de haber recibido en su cuenta personal bancaria un depósito por la cantidad de 585 mil 277 pesos, los cuales son un recurso que pertenece al instituto y que formaban parte de un remanente del Programa Estatal de Pensiones a Personas Adultas Mayores otorgadas en los años 2017 y 2018. 

Así mismo al exdirector de Finanzas y Administración se le responsabiliza de haber realizado la transferencia de los recursos a Alejandro Mariel Díaz, este hecho consta en la resolución emitida por Iram Zúñiga Pérez, magistrado titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, quien en su calidad de Autoridad Resolutora actuó, esto tras haber iniciado un procedimiento administrativo.

De acuerdo con la resolución del TJA, la investigación derivó de un procedimiento iniciado por el órgano interno de control del Instituto, en el que se señalaba que el Despacho Externo Servicios Contables y Administrativos Zairo S.A. de C.V., llevó a cabo una revisión a los estados financieros, y detectó que en la balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2018, en la cuenta del activo circulante, subcuenta deudores diversos por cobrar a corto plazo el nombre de Alejandro Mariel por la cantidad de 585 mil 277 pesos, hecho que representa una contravención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Este dinero provenían de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, anualidades en las que el organismo recibió 8,118,792 pesos y 16,328,160 pesos, respectivamente, para el programa Pensión a Personas Adultas Mayores, en el desahogo del procedimiento administrativo, ambos exfuncionarios argumentaron que el dinero fue utilizado en renta de carpas, sillas templetes, planta de luz, sonorización, mamparas, lona de publicidad, box luch, viáticos y combustible para 13 municipios; pero pronto caerían en su mentira, pues la erogación no contaba con la documentación respectiva, ni con los registros de las etapas del presupuesto en relación al gasto efectuado.

Ese dinero seria utilizado en fomentar el desarrollo humano de las personas adultas mayores, esto con la finalidad de coadyuvar a mejorar su calidad de vida, en un entorno incluyente; estableciendo los mecanismos necesarios para realizar una efectiva protección y respeto a sus derechos, promoviendo la igualdad de las personas adultas mayores”.

Pero a este par poco les importo anteponiendo sus intereses y ambición personal para llevar a cabo tal desfalco, pues al parecer sus sueldos como funcionarios de 41 mil 719 y 36 mil 903 de cada uno, no les era suficiente para darse la vida que creen que se merecen.

Dice un dicho que “El miedo no anda en burro” y por supuesto tras verse descubiertos y sin argumentos solidos para justificar los hechos, durante el procedimiento de investigación, estos servidores públicos devolvieron el dinero reclamado por la administración pública.