¡Usted perdone, hasta ahora nos damos cuenta que no había denuncia, por lo tanto no hay razón para procesarlo" Claro que quedan otros tres procesos pero que sin duda ¡librará!
El abogado del expresiente Enrique Peña, Juan Collado, no será procesado por los trámites que realizó para desbloquear 76.5 millones de euros en sus cuentas bancarias en el Principado de Andorra.
Un tribunal federal confirmó la cancelación del proceso tras argumentar que el delito por el cual fue privado de su libertad, es un delito que sólo puede fincarse cuando existe una denuncia, víctima y monto, pero contra del abogado Juan collado no la había.
Cuando en julio pasado, un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte resolvió en primera instancia que no sería procesado, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que pediría un dictamen a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para volver a imputar a Collado.
La acusación contra el abogado refiere que en el sexenio presentó una denuncia contra sí mismo y consiguió que no se ejerciera acción penal en su contra, una determinación que usó en 2018 para que la FGR solicitara a Andorra descongelarle el dinero que tenía asegurado desde marzo de 2015.
Cuando le congelaron sus cuentas, Collado acumulaba 40 millones de euros y en 2019, cuando fue detenido en la Ciudad de México y Andorra volvió a inmovilizar sus capitales, los depósitos habían aumentado a 76.5 millones de euros.
De momento, este es el único de los cuatro procesos que el litigante ya ha logrado cancelar en dos instancias judiciales.
El otro proceso contra el que ganó un amparo, aunque sólo en primera instancia, es el que se instruye en el fuero común de Chihuahua por un peculado o desvío de 13.7 millones de pesos en agravio del Gobierno estatal. Está pendiente que un tribunal colegiado resuelva en definitiva este asunto.
Los otros dos procesos que tiene en curso son federales, uno por delincuencia organizada y lavado de 24 millones de pesos, relacionado con la compra del edificio de la Caja Libertad en Querétaro, y otro por una presunta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos, en el ejercicio de 2015.
