Se aprobó una iniciativa con 86 votos a favor reformas al Código Penal Federal, para tipificar y sancionar a los servidores públicos que filtren imágenes y videos de una investigación en curso y que dañen la dignidad de las víctimas de feminicidios.
Servidor público que sea sorprendido infringiendo esta ley, podría enfrentar hasta 12 años de cárcel y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
De esta forma, a quienes den a conocer, difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmitan, expongan, remitan, distribuyan, videograben, audiograben, fotografíen, filmen, reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien, copien o compartan, a quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.
Esta ley fue celebrada por Olga Sánchez Cordero, pues recordó el lamentable caso de Ingrid E.V., cuando medios locales habrían mostrado sin pudor imágenes de los restos de la mujer.
«La propuesta plantea garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas u ofendidos, toda vez que la divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituye claramente, una lesión a su dignidad, a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas», expresó.
Ahora, esta decisión del Senado será remitida a la Cámara de Diputado.
