El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se encuentra en el centro de una investigación federal por presuntos vínculos con el delito de huachicol fiscal, relacionado con el tráfico ilegal de combustibles. La Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), ha solicitado más de 200 órdenes de aprehensión en el marco de esta investigación, incluyendo una en contra de Ruffo Appel.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha confirmado que el exmandatario panista está incluido en la lista de personas investigadas por su presunta relación con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., señalada en un mega decomiso de 15 millones de litros de combustible en Coahuila.
Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha declarado que, al momento, no existe una orden de aprehensión vigente contra Ruffo Appel.
Por su parte, el exgobernador ha negado las acusaciones y afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades, asegurando que su conciencia está «absolutamente tranquila».
Esta situación ha generado un intenso debate político, con miembros del Partido Acción Nacional (PAN) calificando las acusaciones como una «cortina de humo», mientras que otros exigen claridad y transparencia en el proceso.
El caso continúa bajo investigación, y se espera que en los próximos días se definan las acciones legales a seguir.