Expertos en economía y analistas del sector de entretenimiento digital
advirtieron que el reciente aumento del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) al juego online en México podría tener efectos
contraproducentes para la recaudación fiscal y el crecimiento del sector.
El gobierno federal aprobó una modificación que eleva el gravamen sobre
apuestas y juegos en línea, con el objetivo de aumentar los ingresos públicos y
regular la industria, que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos
años. Sin embargo, especialistas señalan que un impuesto excesivo podría
fomentar la informalidad y desincentivar a operadores legales, reduciendo los
beneficios esperados para el Estado.
De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Juegos y Apuestas
Digitales, el sector representa actualmente miles de millones de pesos en
transacciones anuales y genera empleo directo e indirecto. El aumento del IEPS
podría trasladarse a los usuarios en forma de tarifas más altas o limitar la oferta
de servicios, afectando la competitividad del mercado frente a plataformas
internacionales.
Economistas advierten que la medida, aunque bien intencionada, podría
empujar a los jugadores hacia opciones no reguladas, incrementando el riesgo
de fraudes y la pérdida de control sobre la industria. Además, señalan que la
recaudación podría no alcanzar los niveles proyectados si disminuye la
participación en el mercado formal.
Autoridades fiscales han defendido la modificación argumentando que busca
equilibrar la tributación del sector con otras actividades económicas y que se
implementarán mecanismos de supervisión más estrictos para evitar evasión.
Sin embargo, empresarios y asociaciones del ramo han solicitado mesas de
diálogo para ajustar la medida y buscar un equilibrio que garantice ingresos sin
afectar el desarrollo del sector digital.
El debate sobre el IEPS al juego online refleja la tensión entre la necesidad de
ingresos fiscales y el fomento de un entorno regulado y competitivo para la
economía digital en México, un tema que continuará generando discusión entre
legisladores, empresarios y especialistas en los próximos meses.