El gobierno de Layda Sansores en Campeche expropió tres terrenos ubicados en la exclusiva zona residencial de Lomas del Castillo, propiedad de familiares cercanos del exgobernador priista Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”. La medida fue justificada por autoridades estatales como un procedimiento legal para el cumplimiento de fines públicos.
De acuerdo con el gobierno estatal, los terrenos fueron expropiados por no contar con los permisos correspondientes, además de que se detectaron irregularidades en la titularidad de los inmuebles y en la documentación fiscal asociada. La intención, señalaron, es destinar los predios a proyectos de infraestructura urbana y programas sociales, aunque no se han especificado los detalles concretos de su utilización.
Familiares de Moreno Cárdenas denunciaron que la expropiación tiene tintes políticos y acusaron a la administración de Sansores de un acto de “persecución personal”. Argumentaron que los terrenos fueron adquiridos legalmente y que el proceso de expropiación carece de fundamentos jurídicos sólidos, por lo que anunciaron que recurrirán a instancias judiciales para impugnar la decisión.
Especialistas en derecho señalan que las expropiaciones deben responder a criterios de utilidad pública, y que cualquier acto percibido como arbitrario puede derivar en controversias legales prolongadas. Por su parte, el gobierno estatal afirmó que el proceso se realizó conforme a la ley y que se respetaron los derechos de los propietarios, destacando que la medida busca beneficiar al interés general y no afectar a individuos de manera particular.
La acción del gobierno de Campeche se suma a un contexto de tensiones políticas entre la actual administración estatal y figuras del PRI, en particular Alejandro Moreno, quien ha sido un actor central en la política nacional. Analistas consideran que este tipo de medidas podría tener repercusiones en la relación entre los distintos niveles de gobierno y en la percepción pública sobre la imparcialidad de la justicia.