El titular de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez,
volvió a encender los reflectores tras confirmar que existen posibles
responsabilidades legales contra la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas,
así como contra tres exfuncionarios más que formaron parte de su equipo. Y no,
no se trata de una observación menor: las irregularidades señaladas apuntan a
decisiones que pudieron haber afectado recursos públicos y la administración
financiera del estado.
De acuerdo con Bardales Ramírez, la dependencia ya concluyó diversas
auditorías que arrojaron inconsistencias en contratos, procedimientos y
movimientos presupuestales realizados durante la gestión pasada. Aunque no
se revelaron todos los detalles —por tratarse de información que aún se
encuentra en análisis jurídico— el contralor dejó claro que los hallazgos no son
simples “errores administrativos”.
La Contraloría señaló que, en algunos casos, se detectaron diferencias en el
manejo de recursos, falta de comprobación suficiente o decisiones tomadas sin
cumplir los procesos establecidos por ley. Y aunque estas irregularidades no
constituyen automáticamente un delito, sí abren la puerta a responsabilidades
administrativas, sanciones e incluso denuncias penales si la investigación lo
amerita.
El anuncio llega en un momento particularmente delicado, donde la
transparencia y la rendición de cuentas se han vuelto bandera del actual
gobierno estatal. Bardales Ramírez aseguró que no habrá excepciones ni
protección política, y que todos los funcionarios señalados —sin importar su
nivel— deberán responder ante las autoridades correspondientes.
Para la opinión pública, el caso genera un déjà vu: otra dependencia, otra
auditoría y otra lista de exservidores involucrados en posibles irregularidades.
Sin embargo, la diferencia esta vez es que las autoridades aseguran que el
proceso será exhaustivo y que no habrá carpetazo. Al menos, esa fue la
promesa.
Por su parte, algunos actores políticos pidieron prudencia y señalaron que el
debido proceso debe prevalecer antes de lanzar conclusiones. Pero lo cierto es
que el anuncio ya prende focos rojos y coloca nuevamente a Jessica Blancas
bajo un escrutinio que parecía haber quedado atrás.
Lo que sigue ahora es que la Contraloría turne los expedientes a los órganos
correspondientes para definir sanciones, responsabilidades y posibles acciones
legales. Y aunque el resultado aún no está escrito, el mensaje ya quedó claro:
en Hidalgo, el pasado administrativo sigue pasando factura.