El presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, identificado como Hernán
“N”, interpuso dos demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación
para frenar su posible extradición y evitar una nueva orden de aprehensión.
De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), una de
las solicitudes ya fue admitida a trámite, mientras que la segunda aún está en
revisión. El presunto capo busca protección contra actos de la Fiscalía General
de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la
Guardia Nacional, instituciones que participan en la investigación de su red
criminal.
Hernán “N” fue detenido a mediados de octubre durante un operativo conjunto
en el estado de Guerrero. De acuerdo con las autoridades, es considerado uno
de los principales operadores de narcotráfico y extorsión en la zona costera,
con vínculos con células del Cártel de Sinaloa y con antecedentes por homicidio
y delincuencia organizada.
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal admitió el amparo que busca
suspender temporalmente cualquier orden de reaprehensión o traslado. Sin
embargo, el tribunal aclaró que el beneficio no implica su liberación, ya que el
detenido continúa bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial.
Fuentes federales indicaron que la defensa de Hernán “N” argumenta presuntas
irregularidades en el proceso de detención y violaciones a sus derechos
constitucionales. No obstante, la FGR sostiene que la captura fue legal y con
orden judicial.
“La Barredora” es una célula criminal surgida en Acapulco hace más de una
década, dedicada principalmente a la extorsión, secuestro y distribución de
drogas. En los últimos años, el grupo ha protagonizado enfrentamientos
violentos con otras organizaciones criminales por el control del puerto.
El caso de Hernán “N” ha generado expectativa debido a su historial delictivo y
a la posibilidad de que colabore con las autoridades para desmantelar redes de
narcotráfico en Guerrero.
El Poder Judicial analizará en los próximos días si concede la suspensión
definitiva o si rechaza la protección solicitada por la defensa del presunto líder
criminal.