1.- EL DESLIZ QUE CAMBIA EL RUMBO: VIGGIANO Y SU CERCANÍA
CON CONDENADOS DEL “MAXIPROCESO”, ESTERIL SU DECLARACION
Lo que debía ser una jornada clave para destrabar las
investigaciones en la Procuraduría de Justicia terminó en un episodio
frustrante. Aunque la senadora Carolina Viggiano acudió tras ser citada,
su comparecencia según fuentes cercanas aportó poco y dejó más
preguntas que respuestas. Su presencia, lejos de impulsar el proceso, se
perdió entre evasivas y explicaciones que no llevaron a ningún avance.
La intervención de la legisladora priista fue descrita como
“plagada de excusas”. En vez de entregar datos, documentos o
narrativas claras, la sesión se convirtió en un ejercicio estéril. La
expectativa de colaboración se desvaneció casi de inmediato, dejando
la sensación de que su asistencia fue más un trámite que una muestra
de voluntad para esclarecer los hechos.
En medio del discurso evasivo, surgió un dato revelador: Viggiano
reconoció vínculos con personas procesadas y sentenciadas dentro del
llamado “maxi proceso”. Aunque pareció un comentario accidental, su
peso político y judicial es considerable. La admisión sugiere que conoce
a fondo a los actores involucrados y posee información relevante que
decidió no compartir.
El balance es negativo. No hubo aportes, no hubo pruebas, no hubo
claridad. Solo quedó la inquietante confirmación de su cercanía con
figuras ya condenadas, un elemento que podría abrir nuevas líneas de
investigación y tensar aún más el panorama político.
En un momento en que la transparencia resulta indispensable, la
jornada terminó mostrando que el silencio y lo que se intenta ocultar
puede ser más elocuente que cualquier testimonio.
2.- MORENA ADVIERTE JUICIO POLÍTICO A “ALCALDES POR
PRESUNTA MOVILIZACIÓN DE AMBULANTES” “EL PODER Y EL AMOR A
LOS PRIVILEGIOS”
El Congreso de la Ciudad de México lanzó severas acusaciones
contra los alcaldes panistas de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo,
Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, a quienes señaló de
presuntamente financiar y movilizar grupos violentos con recursos
públicos. El señalamiento surgió a raíz de la reciente marcha de la
“generación Z”, donde según legisladores se empleó a vendedores
ambulantes para inflar la movilización. Ante ello, el pleno exigió
investigar a ambos funcionarios y les pidió separarse de sus cargos
mientras avanzan las pesquisas.
La coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl
Bravo, advirtió que, de persistir estas prácticas, se podría iniciar un
juicio político. La legisladora recordó que ya se hicieron públicos los
nombres de operadores políticos que, presuntamente, presionaron a
comerciantes amenazándolos con retirarles sus espacios de venta si no
acudían a la marcha.
Tras un debate que superó las cuatro horas, el órgano legislativo
aprobó un exhorto para que la Contraloría indague la actuación de
ambos alcaldes. Además, solicitó a la Junta de Coordinación Política
emitir un acuerdo parlamentario que permita formar una comisión
especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones sobre los
hechos de violencia registrados durante la movilización del sábado.
En tribuna, el diputado morenista Paulo García, promovente el
punto de acuerdo, exhibió una lista de nombres de quienes habrían
encabezado el desplazamiento de los vendedores ambulantes. Entre
ellos señaló a Rubén Jiménez Barrios, actual líder de comerciantes y
secretario adjunto de la presidencia del PRI en la capital.
Ante las acusaciones, la diputada Silvia Sánchez Barrios se
deslindó de los hechos y rechazó que su familia estuviera involucrada en
los actos violentos. Sostuvo que Rubén Jiménez “seguramente recibió
presiones y chantajes de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega” para
llevar a sus agremiados al Zócalo. Aun así, subrayó que “todos en mi
familia somos adultos y respondemos por nuestras acciones”, por lo que
pidió que sea él quien dé explicaciones sobre su participación.
3.- CUANDO LA POLÍTICA OPRIME: “VENDEDORES Y FAMILIAS
ARRASTRADOS A LA MARCHA”
Mientras la discusión pública se concentró en acusaciones entre
partidos, detrás de la marcha de la llamada generación Z había algo más
profundo: personas comunes arrastradas a un conflicto que no era suyo.
Vendedores ambulantes, madres, jóvenes y adultos mayores acudieron
no por convicción política, sino porque temían perder lo único que
asegura su supervivencia diaria: su espacio de trabajo.
La movilización de quienes no podían decir “no”
Muchos comerciantes asistieron porque recibieron instrucciones
directas de sus líderes. Para algunos, la advertencia fue clara: “si no
vas, otro se queda con tu lugar”. En un contexto donde el ambulantaje es
su única fuente de ingresos, la presión fue suficiente para empujarlos a
una marcha que no eligieron.
Historias invisibles en la narrativa oficial
Entre los asistentes había madres que no encontraron con quién dejar a
sus hijos, jóvenes con dobles jornadas y adultos mayores que dependen
del comercio callejero para sobrevivir. Ninguno aparece en los discursos
de los partidos o en las resoluciones del Congreso. Sin embargo, fueron
ellos quienes caminaron, resistieron y enfrentaron momentos de tensión
sin entender del todo las disputas políticas que se desarrollaban a su
alrededor.
Más que un acto político: un síntoma social
La marcha expuso la vulnerabilidad de miles de personas que pueden ser
utilizadas como herramienta de presión sin tener opción de negarse. La
discusión se centró en alcaldes, operadores y financiamiento, pero dejó
de lado la pregunta central:
¿por qué los más vulnerables siguen siendo la moneda de cambio en
conflictos que no les pertenecen?
La marcha no solo reveló tensiones políticas; mostró una realidad
incómoda: en la Ciudad de México, para muchos, participar no es un
derecho… es una obligación disfrazada.
4.- EDSON ANDRADE, EL “APARTIDISTA” QUE COBRABA DEL PAN:
LA REVELACIÓN QUE SACUDIÓ LA MARCHA DE LA GENERACIÓN Z
La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde,
exhibió un contrato que según dijo demuestra que Edson Andrade,
creador de contenido y figura recurrente en debates públicos, recibió
más de 2 millones de pesos del PAN, aunque públicamente se
presentaba como apartidista.
Durante la conferencia matutina, Alcalde mostró documentos que
señalan pagos directos del Partido Acción Nacional por servicios de
comunicación y estrategia digital. La funcionaria aseguró que Andrade
operaba como vocero encubierto mientras mantenía un discurso de
“independencia” en redes sociales.
El hallazgo se da en medio de la discusión nacional sobre la
propaganda disfrazada, el uso de influencers en campañas y la opacidad
con la que varios partidos contratan a creadores de contenido para
incidir en la opinión pública.
Alcalde afirmó que Andrade no solo recibía compensaciones
económicas, sino que formaba parte de una estructura comunicacional
destinada a atacar a adversarios políticos y posicionar narrativas
favorables al PAN. Esto, dijo, evidencia un “doble discurso” que afecta la
credibilidad en redes y en el debate democrático.
El caso reavivó cuestionamientos sobre el financiamiento y uso
político de influencers, un fenómeno que crece cada elección. Aunque
Edson Andrade no ha respondido públicamente a las acusaciones, en
redes sociales usuarios exigieron que aclare si existió o no el contrato y
por qué se presentaba como independiente.
La Secretaría de Gobernación pidió al INE y a las autoridades
electorales revisar el caso, pues de confirmarse, podría tratarse de
propaganda encubierta pagada con recursos públicos y no reportada
como gasto de comunicación política.
El tema se mantiene en tendencia mientras crecen las críticas
hacia el PAN por ocultar presuntos pagos millonarios, y hacia Andrade
por construir una imagen de imparcialidad que, según los documentos
revelados, no existía.