México amaneció con otra noticia que lamentablemente se ha vuelto
costumbre: el asesinato de una figura política, esta vez el de Juan Carlos
Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica, Veracruz. El también líder comunitario
y reconocido impulsor de proyectos indígenas fue atacado a balazos, poniendo
nuevamente en evidencia la fragilidad de la seguridad en la región y la peligrosa
normalización de la violencia política.
De acuerdo con autoridades locales, Mezhua fue ultimado mientras se
encontraba en una zona rural del municipio, donde realizaba actividades
comunitarias. Los agresores —sí, los “fantasmas” de siempre, que aparecen y
desaparecen como si tuvieran teletransportación incluida— huyeron del lugar
sin dejar rastro aparente, aunque las primeras investigaciones apuntan a un
ataque directo y premeditado.
El crimen generó inmediata movilización policiaca y militar en la zona, además
de un operativo de búsqueda que, como suele ocurrir, corre contrarreloj. La
Fiscalía de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación y
aseguró que se trabajará para esclarecer el homicidio “caiga quien caiga”.
Promesa repetida, pero necesaria.
La muerte de Mezhua provocó conmoción no solo en Zongolica, sino también
entre organizaciones indígenas y actores políticos que reconocían su
trayectoria. Durante años, el exalcalde fue una figura relevante en la defensa de
los derechos comunitarios, especialmente en la Sierra de Zongolica, donde
impulsó programas de desarrollo, educación y salud.
En redes sociales, la noticia desató indignación y una oleada de mensajes que
cuestionan la situación de violencia en el estado. Usuarios señalan que este
asesinato se suma a una preocupante lista de ataques contra autoridades
locales y líderes comunitarios en Veracruz, uno de los estados con mayores
índices de agresiones contra funcionarios públicos.
Mientras tanto, el gobierno estatal lamentó el hecho y aseguró que no quedará
impune, aunque el sentir colectivo es que la incertidumbre se expande cada vez
más. Zongolica ha vivido episodios de tensión en los últimos años, y este
crimen reabre el debate sobre la protección —o la falta de ella— que reciben
quienes ejercen liderazgo social y político.
El caso apenas comienza y las preguntas son muchas; lo único seguro es que la
violencia volvió a cobrar una vida que representaba lucha, servicio y
comunidad.