El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la
nueva Ley contra la Extorsión, una legislación largamente exigida por víctimas,
organizaciones y hasta por autoridades locales que han visto cómo este delito
crece, se diversifica y se vuelve cada vez más violento. La decisión se dio con
una mayoría sólida, reflejando que, al menos en este tema, los partidos sí
pueden ponerse de acuerdo cuando la realidad los alcanza.
La iniciativa establece un marco nacional unificado para castigar la extorsión,
dejando atrás el caos en el que cada estado tenía definiciones distintas, penas
diferentes y criterios que facilitaban la impunidad. Ahora, el país contará con un
tipo penal único que permitirá investigar, procesar y sentenciar de manera más
clara a quienes usan amenazas para obtener dinero o favores.
La nueva ley endurece las penas: la extorsión simple podría alcanzar hasta 25
años de prisión, y con agravantes —como uso de tecnología, participación de
servidores públicos o si la amenaza proviene desde un centro penitenciario— la
pena podrá elevarse de manera considerable. En pocas palabras: aquellos que
creen que pueden operar su “call center del miedo” desde la cárcel tendrán
menos margen para hacerlo.
Uno de los puntos más relevantes es que se ordena fortalecer las unidades
especializadas en investigación, con personal capacitado, recursos y protocolos
claros para atender denuncias, algo que las víctimas han exigido desde hace
años ante la falta de respuesta institucional. También se establece la
obligación de proteger a denunciantes y pequeñas empresas, que suelen ser el
blanco favorito de los extorsionadores.
La ley incorpora además una perspectiva de género, reconociendo que las
mujeres viven formas específicas de extorsión, muchas veces vinculadas con
violencia digital y amenazas que buscan controlarlas o explotarlas. Con esta
reforma, las autoridades deberán atender esos casos con protocolos
diferenciados.
En el Senado, legisladores subrayaron que esta ley busca cerrar las rendijas que
han permitido que la extorsión se profesionalice y se normalice en comunidades
enteras. El mensaje es claro: ya no habrá excusas para que estados, fiscalías o
jueces simulen que este delito no es grave.
Ahora, la iniciativa seguirá su ruta legislativa para entrar en vigor. Si funciona
como prometen, México tendrá por fin un instrumento para enfrentar uno de los
delitos más extendidos y silenciosos del país.