La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció públicamente haber sido
víctima de acoso sexual en distintas etapas de su vida, y anunció que su
gobierno prepara una iniciativa de ley para tipificar esta conducta como delito
penal en todo el país, con sanciones más severas para agresores reincidentes.
Durante un evento en Palacio Nacional, la mandataria relató que su experiencia
personal la motivó a impulsar una política nacional de cero tolerancia al acoso
sexual, tanto en espacios laborales como en lugares públicos. “No podemos
seguir normalizando que las mujeres debamos soportar miradas, tocamientos o
comentarios ofensivos solo por existir en un espacio”, declaró.
La iniciativa, que será enviada al Congreso de la Unión antes de que concluya
2025, contempla castigos que podrían ir de tres a ocho años de prisión, así
como la creación de un registro nacional de acosadores sexuales, similar al que
ya existe en algunos países europeos.
De acuerdo con el gobierno federal, la propuesta incluirá mecanismos para
denunciar de manera anónima y segura, así como campañas de educación y
prevención desde las escuelas. El objetivo, según Sheinbaum, es romper con la
impunidad y garantizar que ninguna mujer vuelva a sentirse desprotegida ante
este tipo de violencia.
Organizaciones feministas y colectivas de mujeres reconocieron el valor de la
presidenta por visibilizar el problema, aunque insistieron en que “no basta con
legislar; se necesitan instituciones que realmente apliquen la ley y acompañen
a las víctimas”.
Sin embargo, también hubo voces críticas que acusaron al gobierno de usar el
discurso feminista con fines políticos, señalando que en otros temas de
derechos de las mujeres —como el acceso al aborto o la protección de
periodistas— las acciones han sido más lentas o ambiguas.
Con esta propuesta, el gobierno federal busca marcar un precedente histórico
en la lucha contra la violencia de género, situando a México entre los países
con legislaciones más duras en materia de acoso sexual.