La tensión entre el gobierno federal y Grupo Salinas volvió a encenderse luego
de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificara que las empresas
del conglomerado deben pagar miles de millones de pesos en adeudos fiscales.
Frente al descontento público expresado por Ricardo Salinas Pliego y sus
cuentas afines, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con un mensaje
directo, breve y tan filoso como un tuit bien armado: “Que paguen sus
impuestos en vez de campañas en redes sociales”.
La declaración ocurrió durante una conferencia matutina en la que Sheinbaum
fue cuestionada sobre la estrategia mediática que, según el gobierno, el
empresario ha impulsado para desacreditar a la administración federal. La
mandataria aseguró que el fallo de la Corte es claro, vinculante y definitivo, por
lo que no existe margen para interpretaciones alternativas. “Todos los
mexicanos pagamos impuestos. No puede haber excepciones para quienes
tienen más recursos”, dijo.
El conflicto fiscal entre el gobierno y Grupo Salinas no es nuevo, pero alcanzó
un punto crítico después de que la SCJN resolviera que la televisora y otras
empresas vinculadas deben cubrir adeudos millonarios que llevan años en
litigio. La respuesta del empresario no se hizo esperar: mensajes irónicos,
videos y publicaciones asegurando ser víctima de una persecución política
llenaron las plataformas digitales.
Sheinbaum, sin embargo, cerró filas con el discurso institucional, insistiendo en
que se trata de un asunto estrictamente legal y no de un choque personal.
Recordó que el país no puede dar marcha atrás en su política de recaudación y
que la igualdad ante la ley es un principio que debe respetarse, incluso cuando
los afectados son figuras de alto perfil económico.
Analistas señalan que el enfrentamiento también subraya el creciente peso de
las redes sociales en la disputa por la narrativa pública. Mientras el gobierno
apuesta por insistir en la legitimidad del fallo, Grupo Salinas utiliza la
comunicación digital para cuestionarlo y conquistar simpatías.
La administración federal concluyó que esperará el cumplimiento de la
resolución sin entrar en una “guerra de declaraciones”. No obstante, el mensaje
quedó claro: en tiempos de austeridad y revisión fiscal, ni los magnates pueden
esquivar al SAT.