El dinero sigue bajo llave. Una jueza federal negó desbloquear las cuentas
bancarias de Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del
grupo criminal conocido como “La Barredora”, confirmando que los recursos
financieros del acusado permanecerán congelados por orden de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF).
Desde julio pasado, la UIF bloqueó los activos del presunto delincuente como
parte de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La defensa solicitó el desbloqueo argumentando afectaciones a derechos
patrimoniales; sin embargo, el juzgado determinó que la medida cautelar se
mantiene justificada debido a la naturaleza de los señalamientos y al riesgo de
dispersión de recursos.
La decisión judicial no implica una sentencia definitiva, pero sí reafirma una de
las estrategias favoritas del Estado mexicano en el combate al crimen
organizado: seguir el rastro del dinero. Congelar cuentas se ha convertido en
una herramienta clave para limitar la capacidad operativa de las organizaciones
criminales, aunque no siempre vaya acompañada de condenas rápidas.
Bermúdez Requena es vinculado por las autoridades con una estructura criminal
dedicada a diversas actividades ilícitas, y su nombre ha figurado en
expedientes donde el poder económico es tan relevante como la violencia.
Mantener los recursos inmovilizados busca evitar que el capital continúe
alimentando redes delictivas mientras avanza el proceso legal.
Desde la UIF se ha insistido en que estas acciones no son arbitrarias, sino
preventivas, y que responden a indicios financieros sólidos. Para la opinión
pública, sin embargo, el caso refleja una paradoja recurrente: los bienes se
congelan con rapidez, pero la justicia penal avanza con paso mucho más lento.
Por ahora, el mensaje es claro: sin acceso al dinero, el poder se reduce. Aunque
no desaparece del todo, se vuelve más frágil. En este tablero, la jueza movió la
pieza esperada: las cuentas siguen cerradas… y la presión continúa.