En el Congreso se juega otra partida, pero sin consola. Diputados esperan la
iniciativa del Ejecutivo para modificar la Ley de Ingresos, específicamente en lo
relacionado con la exención a los videojuegos, un tema que ha encendido
debates entre recaudación, consumo digital y la eterna pregunta: ¿hasta dónde
debe llegar el cobro de impuestos?
La discusión no es menor. La industria de los videojuegos mueve miles de
millones de pesos al año y ya no es un pasatiempo de nicho. Hoy, jugadores hay
de todas las edades, perfiles y bolsillos. Por eso, cualquier cambio fiscal toca
fibras sensibles, tanto en los consumidores como en las empresas del sector.
Los legisladores han dejado claro que no darán el siguiente paso sin una
propuesta formal del Ejecutivo. Es decir, el balón está del lado del gobierno.
Mientras tanto, el tema permanece en pausa, como un videojuego sin guardar
partida, esperando la decisión que marque el rumbo.
La posible modificación a la Ley de Ingresos ha generado inquietud entre
gamers, desarrolladores y plataformas digitales. Algunos temen que la
eliminación de exenciones derive en precios más altos; otros argumentan que
es necesario actualizar el marco fiscal para una economía cada vez más
digitalizada. El dilema es clásico: recaudar sin ahuyentar.
En medio del debate, los diputados caminan con cautela. Nadie quiere cargar
con el costo político de encarecer el entretenimiento digital, pero tampoco
ignorar un sector que representa ingresos significativos. Y así, entre comisiones
y declaraciones, el tema avanza lentamente.
Mientras tanto, los jugadores siguen jugando, las plataformas siguen facturando
y el Congreso sigue esperando. Porque en la política fiscal, como en los
videojuegos, cada movimiento cuenta… y un error puede costar caro.
Por ahora, no hay fechas ni definiciones. Solo expectativa. La pregunta es
cuándo el Ejecutivo presionará el botón de “start” y presentará la iniciativa que
defina si los videojuegos seguirán libres de carga fiscal o si entrarán de lleno al
radar del SAT.