Por primera vez en la historia del Poder Judicial de la Federación (PJF),
secretarios de acuerdos, notificadores y actuarios serán sometidos a
evaluaciones periódicas, una medida que busca mejorar la productividad y,
sobre todo, atacar uno de los males crónicos del sistema: el rezago de
expedientes.
La decisión, confirmada por fuentes del Órgano de Administración Judicial,
marca un giro en una institución tradicionalmente opaca y poco dada a la
autoevaluación. En términos simples: quienes hacen que los juicios avancen —o
se estanquen— ahora también serán evaluados.
El objetivo oficial es claro. Las evaluaciones permitirán medir desempeño,
eficiencia y tiempos de respuesta, con la intención de identificar cuellos de
botella y mejorar el funcionamiento interno. Porque en la justicia mexicana, el
tiempo no es solo dinero: es derecho.
Durante años, ciudadanos y abogados han señalado que los retrasos judiciales
no siempre se deben a jueces, sino a procesos administrativos lentos,
notificaciones tardías y expedientes que parecen perderse en el laberinto
burocrático. Esta medida reconoce, implícitamente, que el problema va más allá
del estrado.
La iniciativa también envía un mensaje incómodo pero necesario: el Poder
Judicial no es intocable. Puede y debe rendir cuentas. Algo que, en un contexto
de reformas y críticas al sistema de justicia, resulta políticamente relevante.
Sin embargo, como toda evaluación, el reto no estará en aplicarla, sino en qué
se hará con los resultados. ¿Habrá capacitación real? ¿Se corregirán prácticas
ineficientes? ¿O se quedará en un trámite administrativo más?
El anuncio ha generado expectativas moderadas. Para algunos, es un paso
positivo hacia una justicia más ágil. Para otros, una medida insuficiente frente a
problemas estructurales más profundos. Aun así, el simple hecho de medir
desempeño ya rompe con una inercia histórica.
Porque en el Poder Judicial, evaluar no es castigar. Es admitir que la justicia
lenta también es una forma de injusticia.