La justicia también tiene memoria. Y esta vez, el nuevo Tribunal de Disciplina
Judicial decidió usarla.
El juez federal Juan Fernando Alvarado López fue inhabilitado tras años de
polémicas decisiones que, según acusaciones públicas, favorecieron al
exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La noticia fue celebrada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Sergio Gutiérrez Luna, quien afirmó que finalmente se hizo justicia.
Durante años, resoluciones judiciales relacionadas con Cabeza de Vaca
generaron cuestionamientos y sospechas sobre posibles favoritismos. Ahora,
con la inhabilitación del juez, el mensaje institucional parece claro: el poder
judicial también puede ser vigilado.
El Tribunal de Disciplina Judicial, creado como parte de la reforma judicial,
tiene la tarea de revisar la conducta de jueces y magistrados. Y esta decisión
marca uno de sus primeros casos de alto perfil.
La medida no implica automáticamente culpabilidad penal, pero sí significa que
el juez no podrá ejercer funciones mientras se determinan responsabilidades.
El episodio revive un debate incómodo pero necesario: ¿quién vigila a quienes
imparten justicia?
En un país donde la percepción de impunidad suele ser protagonista, la
inhabilitación representa un golpe simbólico fuerte. Para algunos, es un ajuste
de cuentas institucional. Para otros, apenas el inicio de una depuración más
profunda.
Lo cierto es que cuando un juez cae, el mensaje retumba más allá de los
tribunales.

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