La casa que debería defender derechos humanos hoy está señalada por
vulnerarlos.
Trabajadoras y trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo (CDHEH) entregaron un escrito formal al Congreso del Estado en el
que solicitan la suspensión inmediata del empleo, cargo o comisión de su
presidenta, Ana Karen Parra Bonilla.
La acusación es directa y sin rodeos: hostigamiento laboral, presión sistemática
y jornadas obligatorias sin pago de horas extra.
El documento fue dirigido a la LXVI Legislatura local y no es una queja informal.
Es una petición formal de medidas provisionales mientras se investigan
presuntas violaciones a derechos laborales dentro del propio organismo que
debería protegerlos.
Sí, la institución que levanta la voz por abusos… ahora está bajo la lupa por
presuntos abusos internos.
El personal firmante —adscrito a visitadurías adjuntas metropolitanas y
territoriales, así como áreas administrativas— invoca el llamado “Protocolo
Cero”, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo y el
artículo 1° constitucional para exigir una investigación formal y la aplicación de
medidas cautelares.
El mensaje es claro: no se trata de diferencias internas, sino de presuntas
conductas que podrían configurar responsabilidades administrativas.
En el escrito señalan que desde el 29 de julio de 2022, fecha en que Parra
Bonilla asumió la presidencia, la Comisión ha vivido una sacudida interna:
despidos, renuncias y cambios de adscripción, particularmente en las
visitadurías A y B.
El resultado, advierten, es un rezago preocupante en la integración de
expedientes y en la atención de quejas ciudadanas.
Es decir, no solo habría afectación al personal… también a quienes buscan
justicia.
Pero las acusaciones no se quedan ahí.
Los firmantes sostienen que han sido obligados a asistir a manifestaciones,
marchas y eventos públicos fuera de su horario laboral, incluyendo noches y
fines de semana, sin pago de tiempo extra ni viáticos.
Actividades que, aseguran, no forman parte de sus funciones sustantivas.
Y lo más delicado: en algunos casos, dicen, bajo advertencias de posibles
afectaciones laborales si no acudían.
Si se comprueba, el escenario sería explosivo: presión institucional dentro de
un organismo autónomo que debería ser ejemplo de legalidad y respeto.
La solicitud al Congreso no es menor. Piden que la suspensión sea aplicada
como medida cautelar mientras se investigan los hechos. No buscan una
sanción anticipada, dicen, sino garantías de imparcialidad.
Ahora la pelota está en la cancha legislativa.
El Congreso deberá decidir si abre una investigación formal y si procede la
suspensión provisional.
Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo enfrenta una
crisis interna que golpea su credibilidad.
Porque cuando quienes defienden derechos denuncian vulneraciones desde
adentro, el problema deja de ser administrativo… y se convierte en político.