En política, los apellidos pesan. Y cuando coinciden en un contrato público
millonario, la palabra incómoda aparece sola: conflicto de interés.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió investigar la adjudicación de
un contrato por 11.9 millones de pesos otorgado por el gobierno de Hidalgo a la
empresa Agicresa S.A. de C.V., debido a que los socios de la firma son
hermanos del diputado federal morenista Ricardo Crespo Arroyo.
El contrato, por 11 millones 910 mil 606.60 pesos, fue destinado a la
construcción del bardeado perimetral del Instituto de Formación Profesional,
obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano
Sostenible del estado.
La ASF no acusó directamente al legislador, pero sí señaló que la asignación
“implicó un conflicto de interés” y solicitó que se investigue quiénes
intervinieron en la adjudicación, subrayando que no se advirtió la relación
consanguínea entre los socios beneficiados y el diputado.
La precisión es importante: no se habla aún de delito probado, sino de posibles
responsabilidades administrativas que deberán esclarecerse. Pero en el terreno
político, la percepción pesa tanto como la resolución jurídica.
El caso vuelve a encender un debate recurrente: ¿puede existir imparcialidad
cuando familiares directos de funcionarios públicos reciben contratos
gubernamentales, aunque no medie intervención formal comprobada?
En el discurso público, Morena ha sostenido una narrativa de combate a la
corrupción y eliminación de privilegios. Situaciones como esta, incluso bajo
investigación preliminar, colocan a sus representantes bajo un escrutinio más
severo.
Por ahora, corresponde a las instancias correspondientes determinar si hubo
irregularidades en el procedimiento de adjudicación o si se trató de un proceso
ajustado a derecho, pero políticamente desafortunado.
Lo que sí es claro es que los contratos públicos, cuando involucran lazos
familiares, rara vez pasan desapercibidos.
Porque en política, los vínculos de sangre no siempre son invisibles.