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IMPARCIALIDAD QUEDO EN SEGUNDO PLANO, FUE UN PRESO
POLITICO
OPINIÓN DE: MARÍA RESENDIZ
PACHUCA, HGO., 06 DE FEBRERO DE 2026
La liberación de Armando Mera Olguín, exalcalde detenido en abril
de 2024 por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades
en su modalidad agravada una conducta que, conforme a la ley, puede
ameritar penas de prisión no solo reactivó el debate jurídico en torno a
su caso, sino que abrió una discusión mucho más profunda sobre la
relación entre el poder y la justicia, pero la percepción pública y la
rendición de cuentas.
El hecho en sí ya era relevante. Sin embargo, lo que
verdaderamente captó la atención ciudadana fue el mega recibimiento
organizado tras su salida. Aplausos, y al anisó “le gritaban no estás
solo”, con muestras de apoyo y un ambiente festivo transformaron lo que
debía ser un episodio procesal en un acto político con tintes de
reivindicación. La escena dejó un sabor amargo: la sensación de que,
una vez más, el espectáculo desplazó al fondo del asunto.
Conviene subrayarlo con claridad: la liberación de una persona no
equivale a una absolución definitiva. Los procesos judiciales tienen
etapas, tiempos y resoluciones que no se cancelan con discursos ni con
multitudes. No obstante, el mensaje que se proyectó hacia la opinión
pública pareció ignorar esa distinción básica, construyendo una
narrativa de triunfo anticipado.
Los delitos por los que Mera Olguín fue detenido no son menores ni
técnicos. El uso ilícito de atribuciones y facultades afecta directamente
la confianza en las instituciones y en el manejo de los recursos públicos.
Se trata de faltas que, cuando se confirman, tienen consecuencias
profundas para la vida democrática y para la credibilidad del Estado. Por
eso resulta preocupante que se respondan con celebraciones en lugar
de prudencia.
Este tipo de actos no solo impacta la percepción del caso
particular, sino que alimenta una idea peligrosa: que el respaldo político
o social puede suavizar, relativizar o incluso anular el peso de los
señalamientos legales. Así, la justicia queda atrapada entre la presión
pública y la narrativa del poder, mientras la ciudadanía observa con
escepticismo.
La presunción de inocencia debe respetarse siempre, sin
excepción. Pero respetarla no implica convertirla en una herramienta de
propaganda ni en una excusa para el olvido. La ética pública exige algo
más: mesura, responsabilidad y memoria. Celebrar sin que los hechos
hayan sido plenamente esclarecidos no fortalece al Estado de derecho,
lo debilita.
El caso de Armando Mera Olguín es, en el fondo, un espejo. Refleja
cómo se normaliza la falta de rendición de cuentas, cómo se confunde la
legalidad con la popularidad y cómo el juicio social suele ser sustituido
por la emoción del momento. Hoy es un exalcalde; mañana puede ser
cualquier otro funcionario.
Mientras las autoridades continúan con el curso legal
correspondiente, la sociedad también tiene una tarea ineludible: no
aplaudir antes de tiempo, no olvidar con facilidad y no renunciar a la
exigencia de justicia. Porque cuando la celebración eclipsa a la
legalidad, el daño no es solo institucional: es colectivo.
La justicia no necesita multitudes ni festejos. Necesita procesos
claros, resoluciones firmes y una ciudadanía que no confunda la salida
de prisión con el cierre definitivo de un caso.