Luz verde en la Corte: ministra Ríos sí podrá debatir prisión preventiva oficiosa

Sin debate y por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación resolvió que la ministra María Estela Ríos González no está impedida
para participar como ponente y votar en el expediente 3/2023, un asunto que
marcará cómo el Poder Judicial acatará la sentencia internacional sobre prisión
preventiva automática.
El tema no es menor. La resolución que deberá cumplir México proviene de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado dejar de
aplicar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo de manera automática, al
considerar que vulneran derechos fundamentales.
La discusión en la Corte mexicana definirá el alcance y la forma en que se
armonizará esa sentencia con el marco constitucional nacional. En otras
palabras: cómo se ajusta el sistema de justicia mexicano a estándares
internacionales sin provocar un terremoto jurídico interno.
La participación de Ríos había sido cuestionada por presuntos conflictos de
interés derivados de su paso por cargos públicos. Sin embargo, el pleno
determinó que no existe impedimento legal para que intervenga en el análisis y
resolución del caso.
La ironía es sutil pero poderosa: mientras el país debate si la prisión preventiva
es herramienta de seguridad o castigo anticipado, el máximo tribunal discute
quién puede discutirlo.
Lo que está en juego no es solo una figura procesal, sino el equilibrio entre
derechos humanos, seguridad pública y soberanía constitucional. La decisión
que surja del expediente 3/2023 podría redefinir prácticas arraigadas en el
sistema penal mexicano.
Por ahora, la Corte despeja la primera incógnita: la ministra sí participa.
El debate de fondo apenas comienza.